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José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, aseguró que la visita de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México es con fines políticos y para desestabilizar al país.
En conferencia de prensa, el presidente de la organización civil dijo que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente del secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, quien está ligado con Andrés Manuel López Obrador, no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos.
“Esta misión de alto nivel no tiene el propósito de ver los derechos humanos en México, incluido el derecho a la seguridad pública, sino que tiene un fin claramente político, contrario al mandato del organismo y que pervierte su razón de ser; busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país para favorecer un proyecto electoral, específicamente el de Andrés Manuel López Obrador con vista a los comicios de 2018”, mencionó Ortega Sánchez.
Comentó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), de la CIDH, relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no tiene el sustento científico y carece de las evidencias necesarias para hacer una acusación frontal contra elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal.
“La principal aseveración del GIEI sobre la investigación de la PGR, con la cual tratan de desacreditarla por completo, es que supuestamente la incineración de los 43 desaparecidos no pudo ser posible en el basurero de Cocula, pese a que los restos de dos víctimas ya han sido identificados”, señaló.
En ese sentido, Ortega Sánchez comentó que el gobierno mexicano debe analizar bien si mantiene una relación de convenio con la CIDH y dar por terminada la estancia del grupo de expertos independientes.
“El gobierno debe defender con firmeza la investigación de la PGR, basada en evidencias, y no pedir el aval de ninguna institución ajena al país,; subsanar las deficiencias de la pesquisa presente y atajar cualquier reclamo”, enfatizó.
Agregó que la PGR debe adicionar al expediente de la desaparición de los normalistas, el contexto político criminal que se vive en Iguala desde hace 10 años, enmarcado en alianzas entre algunos actores de la izquierda con grupos criminales.
