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A un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a pesar de que las investigaciones han llevado a la detención y encarcelamiento de 111 personas, hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que establezca la responsabilidad de alguno de ellos ante la ley.
Sólo un policía municipal fue liberado por falta de pruebas, el resto está sujeto a proceso penal por delitos como delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada, portación de armas y delitos contra la salud.
En contraste, 20 presuntos participantes en estos hechos aún están prófugos de la justicia, a pesar de que ya cuentan con órdenes de aprehensión en su contra.
Además, al menos 10 personajes vinculados con la desaparición de los normalistas continúan sin ser plenamente identificados, las autoridades sólo los ubican por sus apelativos, destacando el caso de un sujeto conocido como La Mente o Mente, a quien otros sicarios señalan como relevante durante la sucesión de hechos ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Un informe de la PGR sobre el expediente que abarca 85 tomos, 13 anexos y más de 53 mil hojas foliadas, agrega que durante la investigación iniciada por las autoridades federales el 4 de octubre de 2014 (siete días después de los hechos), se han incautado alrededor de 500 teléfonos que han servido para detectar las redes de relaciones e intercambio de llamadas entre los presuntos responsables, facilitando su captura en seguimiento.
La PGR señala que entre los 111 procesados por la desaparición, 52 son policías municipales de Iguala, 19 agentes de Cocula y 40 son personas vinculadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos, entre ellos el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
En el caso de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos se han reservado el derecho de declarar ante el Ministerio Público o ante el juez de la causa, desde su captura en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa, en el DF, el 4 de noviembre de 2014.
En las 28 averiguaciones previas que la PGR abrió con motivo de la desaparición y hechos que se consideran relacionados con este acto de violencia, se han dictado 196 autos de formal prisión, numero que es mayor al de personas aprehendidas, ya que algunos imputados enfrentan más de una acusación. Se han realizado 17 cateos y se han recabado 506 declaraciones ministeriales.
