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Los gobiernos de México y España acordaron mayor cooperación en materia de extradición e intercambio de reos, ya que en los últimos años la justicia española ha solicitado a nuestro país la entrega de cuatro presos de esa nacionalidad, uno de ellos acusado del delito de terrorismo, señala el Ministro de Justicia del Gobierno de España, Rafael Catalá, en entrevista con EL UNIVERSAL.
De visita en nuestro país para firmar acuerdos de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Catalá Polo agrega que actualmente hay 71 mexicanos sentenciados en España por cometer diversos delitos, los cuales pueden ser trasladados del país europeo a México en caso de que los propios afectados así lo soliciten, con el propósito de que cumplan el resto de su condena en territorio nacional.
En tanto, 22 personas de nacionalidad española ya fueron procesadas y condenadas en México por su participación en actos ilícitos, los cuales también podrían ser enviados a su país de origen para que cumplan la sentencia de cárcel en la península ibérica.
El intercambio de reos, agrega el Ministro Rafael Catalá, es un procedimiento de tipo humanitario para que los presos condenados y sentenciados a prisión puedan estar cerca de sus familias.
“Hay 22 españoles condenados en México y 71 mexicanos condenados en España, ese es el número máximo de personas que podrían obtener ese traslado, el cual surge a petición de la persona sentenciada, pero hay que estudiarlo tanto por la administración penitenciaria española como por las autoridades mexicanas”.
Explica que la cooperación de justicia abarca tanto la materia civil como la penal, destacando en la primera la posibilidad de litigios entre empresas, así como juicios de carácter familiar cuando una pareja conformada por una persona española y otra mexicana se separan y es necesario garantizar el derecho de ambas partes a la convivencia con los hijos.
El ministro de Justicia revela que en materia penal hay una cooperación absoluta entre los gobiernos de ambas naciones, a pesar de que España sólo ha solicitado a México cuatro extradiciones en el periodo que va de 2012 a 2015, una de las cuales está vinculada con un ciudadano español que es acusado de cometer un homicidio durante una acción terrorista del grupo separatista vasco ETA.
“De estos últimos cuatro casos [de extradición] tenemos uno que tiene relación con terrorismo, es un caso de un asesinato terrorista cometido ya hace muchos años, en los años 80 y que está siendo estudiado por las autoridades mexicanas para valorar la posibilidad de conceder la extradición”, detalla.
Añade que los otros tres casos corresponden “a la justicia penal ordinaria”, igual que los casos de los 71 presos mexicanos y 22 españoles que las autoridades penitenciarias de México y España podrían intercambiar en los próximos meses para que sigan cumpliendo sus condenas en sus respectivos países.
En este marco, el ministro Rafael Catalá aclara que en el tema de drogas el intercambio de información entre México y España se realiza a través del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Gobernación, pero descarta que algún grupo delictivo de nuestro país preocupe al gobierno de Mariano Rajoy.
Incluso, afirma que no tiene conocimiento de que los cárteles mexicanos de la droga operen de manera permanente en España, ya que existe plena cooperación entre los cuerpos de seguridad de ambas naciones.
“No me consta que exista ese realidad en España, para nosotros la lucha contra las redes de delincuencia organizada es una de las funciones más importantes del Ministerio del Interior y de los cuerpos de seguridad [españoles], pero no tengo certeza de que estén instaladas en España redes criminales de personas mexicanas, no tengo esa información”, afirma.
Sin embargo, reconoce que el crimen organizado ya opera de manera transnacional y que ha rebasado todas las fronteras, por lo que el combate a dichos grupos y a los delitos asociados con esas redes también se debe realizar de manera supranacional.
Cuestionado sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el ministro de Justicia del Gobierno de España admite que este hecho de violencia tuvo un fuerte impacto en su país, pero considera que hay un compromiso de las autoridades mexicanas para tratar de esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, día en el que también fueron asesinadas otras seis personas, incluyendo tres estudiantes más de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Mayor cooperación
“La desaparición de los 43 estudiantes ha sido un asunto que ha generado reacciones en todo el mundo, en la opinión pública de todos los países y más en el caso las naciones más cercanas, como es España respecto a México, provocó una grandísima preocupación por lo que significa en términos de violencia, derechos humanos y desaparición forzada de personas. Pero estamos conscientes del compromiso por parte de las instituciones, del Parlamento, del Poder Judicial, en la resolución del caso y en la adopción de todo tipo de medidas y garantías para que nunca más vuelva a suceder algo parecido en el futuro”, sentencia.
Considera que la cooperación internacional que aportan los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añaden un elemento de transparencia a la resolución del caso, por lo que España está dispuesta a colaborar de ser necesario, pero aclara que hasta el momento no existe ninguna petición formal en ese sentido.
Durante la entrevista, destaca su visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su encuentro con el Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales, destacando que ambos países se encuentran inmersos en un cambio de sus modelos penales, por lo que las partes compartieron su experiencia en esta materia.
“Hemos compartido [con los ministros mexicanos] la reforma que hemos hecho en nuestro Código Penal y en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, nuestro Código Proceso Penal, les hemos informado de sus líneas básicas; mientras que ellos nos compartieron cómo están avanzando las reformas en México.
“Es cierto, el compromiso [de la SCJN] con el tema de los derechos humanos y por eso en España se ha creado una cátedra con la Suprema Corte de México sobre este tema, o sea que hay un reconocimiento a esa lucha por los derechos y garantías de los ciudadanos”, externa.
Cataluña
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, descarta que tras las elecciones del parlamento regional de Cataluña —en el que llevan la delantera los partidos separatistas— esa región autonómica pueda declarar su independencia, ya que la Constitución de España no le reconoce a los parlamentos regionales ninguna facultad en ese sentido.
“Un gobierno regional, como pasa aquí en México, tiene unas competencias constitucionalmente establecidas que tienen que ver con servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, para eso se elige un gobierno regional, no se elige para otra cosa. Por lo tanto, si desde ese gobierno se pretendiese promover un proceso de independencia nuestra Constitución, nuestro Estado de derecho en España, no permite que exista un proceso de independencia de una parte del territorio respecto del resto de la nación, eso no cabe en nuestro modelo constitucional.
Advierte que en caso de el parlamento de Cataluña intentara comenzar un proceso de independencia, de manera hipotética, el gobierno de España “tomaría las medidas necesarias, impugnando ante el Tribunal Constitucional, refutando esa decisión ante el sistema de garantías y derechos, con todo respeto a las actuaciones de todos, y por lo tanto, estamos seguros que el Estado de derecho impediría ese tipo de incumplimientos inconstitucionales. Insisto en que es un proceso electoral para un parlamento autonómico y que el gobierno surja debe ser un gobierno dedicado a cuidar los intereses de los ciudadanos, de los catalanes en este caso, y que no incumpliría la legislación”.
