El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, propuso expedir la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, a fin de facilitar e incentivar la denuncia de ese tipo de acciones y crear un fuero ciudadano.
El legislador por Chiapas subrayó la necesidad de que en México las personas que divulguen información reservada o revelen violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción o infracciones graves a la ley, no sean sujetas de responsabilidades penales o administrativas.
"La actividad que realizan los informantes, conocida ampliamente en el plano internacional como whistleblowing, resulta ser una herramienta eficaz en el combate a la corrupción que realizan las democracias liberales más consolidadas", expuso.
A través de una iniciativa de ley, planteó que el hecho de no contar con un fuero ciudadano que proteja a toda persona que desee revelar información relativa a actos de corrupción que esté a su alcance, sólo propicia condiciones favorables para la ilicitud y el agravio al interés público.
Por tal motivo, apuntó, el PRD busca salvaguardar a aquellas personas que denuncian actos de corrupción ante las autoridades y que testifican, pero al mismo tiempo proteger a los informantes que no quieren o que no pueden ampararse en el gobierno.
En el caso de los informantes, la iniciativa pretende garantizar que no se sancione ni persiga a quienes divulguen información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o de manera indebida.
Para la operación de esta ley, el senador perredista apuntó que es necesario que la denuncia se haga actuando de buena fe y que la información que se revele sea sobre casos graves de corrupción.
Así como la existencia de amenazas graves para la salud, la seguridad o el medio ambiente y violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
La iniciativa plantea, también, que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sea el órgano facultado para definir la existencia de responsabilidad por parte del informante.
Además de que ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Secretaría de la Función Pública, dependencias del Ejecutivo Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Tribunales de Trabajo y órganos jurisdiccionales que determinen leyes podrán recibir las denuncias.
El legislador insistió en que toda persona que tenga conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de denunciar ante las autoridades los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal, la de sus bienes, ni sus condiciones de trabajo.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
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