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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver hoy si ejerce su facultad de atracción para revisar y resolver de manera definitiva una demanda por daño moral que obliga al gobierno de la ciudad de México a indemnizar a una mujer por 15 millones de pesos.
La indemnización fue concedida a la afectada por un juzgado en materia civil del Distrito Federal, luego de que la madre acreditara que fue víctima de discriminación por vivir en situación de pobreza, ya que su hija de tres años falleció al contraer varicela en un albergue de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del gobierno capitalino.
La acción será presentada en la Primera Sala del tribunal por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propondrá que el asunto sea resuelto de manera definitiva por la Corte para cerrar más de cinco años de litigio.
La muerte de la menor ocurrió el 13 de abril de 2004, cuando el jefe de Gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, pero la negativa para que la afectada Norma “N” fuera indemnizada se mantuvo durante las gestiones de sus sucesores en el cargo Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
El pasado 12 de agosto de 2014 una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) le ordenó al gobierno local indemnizar a la mujer con 15 millones de pesos, pero la administración de Mancera Espinosa impugnó la sentencia con un juicio de amparo.
La madre de la niña, que falleció por negligencia médica, interpuso otro juicio de amparo; las demandas fueron turnadas al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver de manera definitiva el proceso.
La exigencia de la mujer afectada ya había llegado a la Primera Sala del Máximo Tribunal, misma que el 3 de junio de 2014 revocó una primera sentencia que redujo el monto de la indemnización de 15 a 7 millones de pesos, con el argumento de que la primera cantidad era excesiva para una mujer que ganaba mil 800 pesos mensuales.
Por unanimidad de votos, la Corte concluyó que el fallo de un tribunal capitalino era discriminatorio, ya que su premisa de partida es que la víctima era una mujer de escasos recursos, por lo que no necesitaba tanto dinero para seguir con su vida.
La historia del caso se remonta a abril de 2004, cuando Norma junto con su hija de 3 años solicitó refugio en un albergue para mujeres víctimas de violencia familiar, el cual era administrado por el gobierno capitalino.
En el lugar la menor se contagió de varicela y cuando su mamá imploró apoyo médico le fue negado, por lo que su hija falleció víctima de un choque séptico y una falla orgánica múltiple, negligencia médica que se acreditó en el juicio de primera instancia.