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La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Ximena Puente, aseguró que gracias al acuerdo entre el instituto y el Senado en la propuesta de legislación secundaria en materia de transparencia y anticorrupción, se incluirá una Ley General de Archivos.
Destacó que en materia de archivos la norma deberá incidir de manera positiva en los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y actores de la sociedad civil, porque contribuirá a cambiar la situación de un sistema archivístico débil.
Puente exhortó a todos los sujetos obligados a procurar un adecuado tratamiento de los documentos generados y recibidos en el ejercicio de sus atribuciones.
Recordó que los servidores públicos están obligados a garantizar la integridad y conservación de los expedientes y documentos, facilitando y controlando su uso y destino.
Piden trato correcto a documentos. En la pasada sesión del pleno, el Inai confirmó una respuesta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaró “inexistente” un acuerdo de reinstalación provisional que un ciudadano solicitó en copia certificada.
En el análisis del caso, la comisionada Puente de la Mora determinó que el sujeto obligado hizo una búsqueda exhaustiva del documento requerido en la unidad administrativa y que cumplió a cabalidad con todas las formalidades legales para declarar la inexistencia.
No obstante, consideró que el asunto era de relevancia debido a que se vincula con uno de los temas más importantes para la consolidación del derecho de acceso a la información: la conservación de los archivos y la gestión documental.
Por ello, Puente invitó a los más de 700 nuevos sujetos obligados a dar un adecuado tratamiento de los documentos, los cuales constituyen una base fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información y, por tanto, un elemento necesario para garantizar una mejor rendición de cuentas.
La comisionada presidenta dijo que el Inai seguirá impulsando que los documentos generados y recibidos por dependencias y entidades públicas sean regulados adecuadamente.
Estos documentos, dijo Puente de la Mora constituyen los insumos primarios para el ejercicio adecuado del derecho de acceso a la información pública gubernamental.
