El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, dijo que el ISSSTE avanzará en el proceso de fortalecimiento de sus servicios de salud y de oferta de vivienda con características adecuadas para el desarrollo de las familias.
Ayala Almeida, senador por el PRI, saludó los cambios en el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, y respecto de la designación de José Reyes Baeza Terrazas como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dijo que continuará con los programas en curso y que cuentan con avances significativos.
Como vocal ejecutivo del Fovissste, José Reyes Baeza Terrazas, impulsó el programa de vivienda del ISSSTE amplia y digna, y en su gestión revolucionó el crédito hipotecario al que tienen acceso los trabajadores del Estado.
Hoy, la vivienda a la que acceden los agremiados a la FSTSE constituye “un patrimonio que realmente benéfica a las familias de los trabajadores”, señaló Ayala Almeida, al argumentar la expectativa de que Baeza Terrazas continúe con el impulso del ISSSTE, institución de seguridad social que crecerá su red de médicos en el país.
Con 12 millones de derechohabientes, el ISSSTE integrará a los servicios en clínicas y hospitales 10 mil plazas nuevas de médicos y paramédicos, a lo largo de los próximos tres años, con base en un convenio entre la FSTSE y la Secretaría de Hacienda.
Entrevistado en la sede de la Cámara Alta, en el marco de los trabajos de la séptima reunión plenaria de la bancada de senadores del PRI, Joel Ayala Almeida dijo que el liderazgo de los trabajadores del Estado ha entablado “una relación político sindical directa con el presidente Enrique Peña Nieto, y con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray”.
Dicha relación directa, agregó “significa que en todos los sentidos, el ISSSTE reporta avances concretos y tiene programadas más acciones, de cuya aplicación se hará cargo José Reyes Baeza, e insisto -subrayó-, Peña Nieto tiene interés en que el trabajador de los tres poderes federales (además, de Baja California Sur y Quintana Roo) resulte beneficiado y cuente con acceso a la salud de calidad y una vivienda que sea digno patrimonio de la familia”.
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