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La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión plantea una iniciativa para expedir la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos donde propone estímulos y recompensas para los funcionarios que denuncien casos de corrupción en las instituciones.
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se publicó este miércoles la iniciativa que también busca crear el Sistema de Captación de Denuncias, así como una “lista negra” de servidores públicos sancionados.
Esta iniciativa plantea 20 ejes concretos donde destaca una lista completa de aquellos actos que serán considerados corrupción, tales como soborno, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto ilícito, obstrucción, colusión, simulación, utilización ilegal de información confidencial y nepotismo.
Asimismo se busca crear una nueva cultura de la rendición de cuentas, así cada servidor público estaría obligado a rendir de manera periódica, veraz y pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración anual de impuestos.
La iniciativa firmada por senadores del PAN indica que las investigaciones sobre posibles actos de corrupción, se iniciarían por tres vías básicas: denuncia, auditoria u oficio.
Se añade que la Auditoría Superior de la Federación, órganos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus homólogas en las entidades federativas, órganos internos de control de los entes públicos federales, órganos internos de control de los entes públicos estatales, municipales y del Distrito Federal y las contralorías internas de las empresas de participación del Estado, tendrían nuevas facultades para investigar actos de corrupción.
Se subraya que para éstas no habrá secreto bancario, financiero o bursátil y contarán con todo los necesario para realizar sus investigaciones con plenitud y sin traba alguna.
Igualmente se indica que todos los servidores públicos, incluidos senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de estado, entre otros, por actos de corrupción podrán ser destituidos del puesto, sancionados económicamente o inhabilitados temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La iniciativa indica que las personas físicas y morales se les impondrían las siguientes sanciones: económica, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales.
Además se contempla ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva, cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos federales.
Se plantea que los ciudadanos tendrían la obligación de evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del servicio público. Habría un Código de Ética, con al menos 13 obligaciones, que normaría la conducta de los servidores públicos.
Se establecerían políticas públicas de educación y capacitación tanto para servidores públicos, como para niñas, niños y adolescentes para prevenir actos de corrupción.
De la misma forma se añade que cualquier medio de información que exponga un caso de corrupción, sería suficiente para activar el procedimiento de investigación formal.
En el mismo paquete de reformas se incluye un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
afcl
