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La investigación por el caso de la adquisición de vivienda por parte del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, está agotada para la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sólo queda expuesta al escrutinio de la sociedad, dice en entrevista su titular Virgilio Andrade Martínez.

Rechaza que deba separarse de su cargo o volver a quitar facultades a la secretaría que encabeza.

Solucionado el tema, ¿tiene razón de ser la existencia de la SFP y usted al frente de ella?

—Es muy importante que permanezca la Función Pública. Así lo reconoce la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Concluyó su misión?

—Existen muchas tareas, que es muy importante continuar. Es importante aterrizar las reglas para contratistas y la declaración de posible conflicto de interés de los contratistas.

Tomó mucho tiempo el tema.

—Las conclusiones de la investigación están sujetas a tener la debida documentación para poder expresar una resolución. En ese sentido, la posibilidad de que todo el público tenga acceso al expediente permitirá ilustrar la secuencia de las indagatorias que se realizaron y las fechas de las mismas y, por lo tanto, la parte importante y relevante es que quede debidamente documentado el caso, y en función de eso es como se toma la decisión de expresar los resultados y las resoluciones de la misma.

¿Cómo recuperar la confianza?

—La tarea fundamental de la autoridad, en este caso particular, consistía en poner la dimensión jurídica del caso, y la dimensión jurídica del caso solamente la podía poner la Secretaría de la Función Pública porque es la única facultada para ello. Antes de iniciar la investigación se tenían, como pasa en todos los casos de supuesto conflicto de interés, opiniones diversas que necesitaban una opinión adicional, la dimensión jurídica, y más allá de una opinión es un pronunciamiento formal de autoridad con base en las leyes y entonces hoy, además de las opiniones que se tienen en general de las circunstancias específicas y de la situación general de las instituciones en sociedad abierta, se cuenta con la dimensión jurídica.

¿A quién le toca la parte ética?

—A todos nos toca siempre la dimensión ética.

¿Están conscientes de que una sociedad agraviada por hechos de corrupción no va a creer esta exoneración?

—El objetivo fundamental es poner la dimensión jurídica del asunto en manos de la sociedad y los aspectos que tienen que ver con opinión y credibilidad, son aspectos que va a valorar.

¿Es necesario separar a la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal para que sean creíbles sus investigaciones?

—La ley establece muy distintos supuestos y los casos van también describiendo de qué manera se relacionaron los hechos con el marco legal. La fundamentación y motivación de un caso permite dar una dimensión legal con independencia de la posición que tenga una autoridad en el universo de la administración y en el universo del gabinete.

Es lo que se tiene ahora.

—En este momento se tiene a una secretaría que tiene responsabilidades, que responde y rinde cuentas principalmente a la sociedad y además a otras autoridades, como el Congreso y, en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación y a todas las que intervienen en la rendición de cuentas.

Investigó a su jefe, ¿está satisfecho con los resultados?

—El punto importante es que se tiene la dimensión jurídica del caso y, en lo personal, me corresponde ir cumpliendo con las obligaciones que tengo en el cargo y como autoridad.

¿Defiende la credibilidad de la Secretaría de la Función Pública?

—El caso habla por sí mismo y es la parte relevante, en este momento, respecto de este caso.

¿Llamó usted a declarar a la señora Angélica Rivera, al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario Luis Videgaray?

—Son declaraciones por escrito, de acuerdo con las leyes mexicanas.

¿Es impugnable la resolución?

—A juicio de la secretaría el marco legal tiene el agotamiento en las partes y el agotamiento en el caso, pero en el escrutinio público podrá haber diversas opiniones de todo tipo.

¿Cuándo informó a los involucrados en el caso?

—En el mismo momento en que se dio a conocer a la sociedad se da a conocer a plenitud a todo el público.

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