Más Información
La senadora Laura Rojas (PAN) sostuvo que en los casos que el secretario de la Función Pública exoneró por no haber encontrado conflicto de interés, “es claro que hubo intercambio de favores”, y señaló que su bancada avanza una iniciativa para reformar la ley respectiva.
“No hay novedad alguna en lo que reporta el secretario Virgilio Andrade, ya se preveía desde el primer momento que no iba a arrojar conflicto de interés, porque la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la forma en que está redactada hace prácticamente imposible que se pueda probar conflicto de interés en un servidor público”, dijo.
La legisladora, secretaria de la Comisión Anticorrupción, subrayó: “Lo habíamos dicho desde hace meses que era prácticamente seguro que no se le iba a poder imputar ninguna responsabilidad al Presidente, ni al secretario de Hacienda”.
Dijo que de ahí nace la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidades y ya está la reforma constitucional anticorrupción, con una mención a poner en la legislación secundaria una definición aplicable de conflicto de interés.
En entrevista, la legisladora señaló que se tiene que reformar la ley para que la definición de conflicto de interés pueda ser aplicada a la realidad, porque la realidad es que sí hubo un beneficio, intercambio de favores”.
Afirmó que hubo una relación así “entre el gobernador saliente del Estado de México y el próximo presidente de la República y una empresa que fue beneficiada en el gobierno del Estado de México, y que claramente había la expectativa de seguir siendo beneficiada ahora que iba a ser presidente de la República y en ese ínter es cuando se firma el contrato por parte de la esposa”.
Ante las conclusiones del secretario de la Función Pública, la senadora Rojas remarcó: “Lo hicieron muy bien, claramente lo hicieron muy bien, cuidando las formas, pero claro que hubo intercambio de favores, y ese es el fondo, y aunque no haya una responsabilidad administrativa tiene que haber un señalamiento público, tiene que seguir habiendo una sanción social, porque estuvo mal”.
Se pronunció por eliminar el fuero al Presidente de la República para que pueda ser sancionado por cuestiones administrativas.
Comentó que el único beneficio en los resultados de la investigación de la SFP, “es que todos los argumentos que están usando para exonerar de responsabilidad administrativa al Presidente y a Luis Videgaray, nos van a servir para blindar la nueva Ley General de Responsabilidades en esta materia”.
El problema es que la ley está mal diseñada, no previó casos como estos y, en ese sentido, tenemos que tener una ley que sea capaz de atender todos los casos que en la realidad ocurren.
A eso, dijo se enfoca la bancada del PAN en el Senado, con proyectos en preparación para cumplir la reforma constitucional anticorrupción, que señala un año para aprobar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley que crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; reformas a la Ley de la Administración Pública Federal y al marco legal de la Auditoría Superior de la Federación. A ello se agregan unas 20 leyes que se deben armonizar, indicó.
crs
