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A poco más de un mes de que se cumpla un año de la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los padres de los jóvenes.
El funcionario federal hizo una revisión de los avances en la investigación que se lleva a cabo sobre los sucesos ocurridos en Iguala.
Los padres de los 43 estudiantes se han reunido en varias ocasiones con las autoridades federales encargadas de la seguridad del país para exigir la aparición de sus hijos, pues hasta el momento sólo los restos de uno de ellos ha sido identificado.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ayer durante el encuentro que tuvieron con Osorio Chong, los familiares expusieron propuestas y demandas para la localización de sus hijos, pero también para mejorar las condiciones de las normales rurales, entre otros.
“En el salón Juárez de esta dependencia, el encargado de la política interior del país escuchó las propuestas y demandas de los familiares de los estudiantes normalistas y se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente en el seguimiento del caso”, se informó a través de un comunicado.
Osorio Chong estuvo acompañado del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrian; por los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Cox Vial y Alejandro Valencia Villa; por el presidente Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochin, y por el jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castillo.
Por su parte, los padres de familia acudieron acompañados de miembros de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos independientes; representantes de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El 26 de septiembre del año pasado los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales que les impidieron el tránsito por la carretera. El hecho desembocó en una balacera en la cual hubo siete jóvenes muertos y 43 víctimas de desaparición forzada.
Por este hecho se acusó al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, de ser los autores materiales de la desaparición de los jóvenes. Ambos permanecen detenidos.
Los padres de los 43 jóvenes no han cesado en su búsqueda, e incluso llegaron hasta Bruselas, para exponer su caso ante el Parlamento Europeo.
