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Funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y de la Cámara de Diputados consideraron que después de la más reciente reforma en materia de transparencia todos los Poderes de la Unión, las personas físicas o morales que utilicen recursos públicos están obligados a transparentarlos.
Esto después de que el jueves pasado EL UNIVERSAL publicó que los diputados federales se “autoaprobaron” subvenciones “extraordinarias o especiales” por más de 604 millones de pesos en los primeros dos años y medio de esta Legislatura, dinero que cada grupo parlamentario gasta de forma discrecional, sin transparencia.
Armando Alfonzo Jiménez, director general de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta, del Inai, indicó que el Estado debe cumplir con las normas establecidas en materia de acceso a la información. Habló sobre los principios que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y dijo que el ámbito del derecho a los datos se amplió.
“Hasta antes de la última reforma constitucional, sólo el Poder Ejecutivo estaba obligado a responder al derecho a la información; luego de las modificaciones avaladas y con su próxima entrada en vigor, más organismos estarán sujetos a proporcionar datos.
“Todos los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales autónomos, universidades autónomas, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos o cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos, o bien, que ejerza actos de autoridad en cualquier nivel de gobierno, por ley estará obligado a hacer pública su información”, detalló Jiménez.
En la conferencia “Sensibilización de transparencia”, realizada por la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, Laura Gabriela Gutiérrez, titular del área, dijo que México vive un momento crucial donde las instituciones y la población deben trabajar en conjunto en materia de transparencia, para promover una cultura de acceso a la información. Dijo que es responsabilidad del Estado crear políticas públicas con una perspectiva orientada hacia los derechos humanos.
Consideró importante que las dependencias de cualquier rango atiendan las peticiones de información de los ciudadanos. “Eventos como este despejan las dudas que, a veces, tienen los servidores públicos o algunas áreas sobre el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia”, comentó.
