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Las bancadas en el Senado iniciaron el trabajo para elaborar la legislación secundaria en materia anticorrupción, que incluye cambios en 25 leyes y que se considera de primera importancia para corregir un fenómeno que atenta contra la sobrevivencia y seguridad nacionales.
Entre julio y agosto se desarrollará el trabajo legislativo y en comisiones será convocada la sociedad civil a aportar puntos de vista, y a fines de septiembre se podrán cerrar los dictámenes a la legislación secundaria.
El Congreso de la Unión tiene como plazo un año para votar las disposiciones con las que se aplicará el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción incluido en la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar (PRI), dijo que el bloque de leyes secundarias está encabezado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que contiene siete instrumentos legales.
Roberto Gil (PAN) confirmó que se ha integrado un grupo de trabajo que elaborará las distintas propuestas del paquete legislativo en materia anticorrupción.
El senador blanquiazul dijo que para el PAN todo el nuevo sistema legal en su conjunto es prioritario para Acción Nacional.
Gil Zuarth añadió los tres ejes en los que el PAN “va con todo: prevención, fiscalización y sanción. En cada eje hay un paquete de leyes que hacer o modificar. Ya hay una mesa plural. Por lo menos en prioridad para el PAN y para el PRD”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas (PRD), informó que el Congreso de la Unión no va a esperar a que en los estados se haga la homologación de códigos penales para delitos de la corrupción.
“Yo creo —dijo Encinas— que habrá disposiciones que se establecerán tanto en la ley general, en la Ley de Responsabilidades, en el Código Penal que tipifiquen este tipo de delitos”. Se discute un código general de procedimientos penales, en el que se establecerían sanciones, que serían mínimas en códigos penales de los estados.
La priísta Díaz Salazar dijo que la erradicación del problema de la corrupción “es una de las principales exigencias de la sociedad, por los daños directos y colaterales que implica para el desarrollo del país”.
Señaló que ya se han reunido senadores de los grupos parlamentarios que formarán un grupo plural que organizará el trabajo a seguir desde ahora, y en ese sentido, la Comisión de Gobernación emprenderá cuanto antes la dictaminación de los proyectos de leyes que le han sido turnados.
Díaz refirió que el sistema anticorrupción derivará cambios a las leyes de Rendición de Cuentas; Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Responsabilidades Administrativas; Código Penal Federal, así como a la Ley Orgánica del Congreso General, y los reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Al legislar, dijo por su parte Alejandro Encinas, se debe considerar que la corrupción es un problema de impunidad y que atañe a las esferas de lo público y lo privado.
Adelantó que en la legislación anticorrupción habrá que enfocar la práctica de sobornos en los contratos de obras públicas, en la adquisición de servicios, y obtención de concesión de servicios presentados por el Estado. La impunidad en estas áreas que hay discrecionalidad de la Auditoría Superior de la Federación y de la Procuraduría General de la República, indican que “necesitamos crear instrumentos de control político y parlamentario sobre estos organismos”.
A la vez, el senador Armando Ríos Píter (PRD) dijo que se debe tener en cuenta la corrupción política, y en ese sentido expresó que en una elección se dan corruptelas, se trate de participación de partidos políticos o de candidatos independientes.
Se tiene que analizar con qué dinero funciona la democracia, afirmó Ríos, y agregó: “Los candidatos cuando hacen campañas tienen que movilizar gente, y tener promotores.”.
Con mención expresa al escándalo de la casa blanca, la corrupción ocurre, dijo, en el “ciclo en el que un proveedor tiene una relación con un político, y por una serie de relaciones políticas previas de apoyo llega a tener la casa del Presidente de la República en una relación de contubernio”.