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Este domingo vence el plazo para que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial y —ahora también— la de posible conflicto de interés, y al menos 15 de 18 secretarios de Estado ya cumplieron con el trámite, pero sólo uno (Virgilio Andrade, de la Secretaría de la Función Pública) siguió al pie de la letra los requisitos correspondientes.
Hasta ahora son ocho secretarios los que decidieron cerrar a la opinión pública su declaración de posible conflicto de interés y sólo siete la exhibieron.
De éstos, cuatro —Rosario Robles, Sedesol; Enrique Martínez, Sagarpa; Alfonso Navarrete, Trabajo, y Juan José Guerra, Semarnat— aseguran no tener conflicto de interés, lo que quiere decir que sus familiares más cercanos no tienen relación con empresas u organizaciones.
En cambio, tres secretarios -Virgilio Andrade, Función Pública; Pedro Joaquín Coldwell, Energía, y Gerardo Ruiz, Comunicaciones- sí detallaron posibles conflictos de interés.
El presidente Enrique Peña, hasta el cierre de esta edición, no había actualizado su declaración patrimonial ni de posible conflicto de interés.
La titular de la PGR, Arely Gómez González, sólo actualizó su declaración patrimonial el pasado 24 de abril, cuando llegó a la dependencia, sólo incluyó la declaración patrimonial y no así el posible conflicto de interés.
Los dos secretarios que faltan por actualizar sus declaraciones patrimoniales y de intereses son el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray.
El 3 de febrero pasado, el Presidente presentó un conjunto de ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés. Al formato de Declaración Patrimonial se incorporó un apartado denominado Declaración de Posible Conflicto de Interés. Los funcionarios tienen hasta mayo para declarar.
La nueva regla para ambas declaraciones aplica para el titular del Ejecutivo, secretarios de Estado, procuradora General de la República, el consejero jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados, entre otros.
De los 17 secretarios que conforman el gabinete presidencial, el de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue el primero que actualizó su declaración patrimonial y presentó la de posible conflicto de interés.
El titular de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, actualizó su declaración el 19 de mayo pasado, pero la cual hace pública de manera parcial, ya que la de posible conflicto de interés no permite que la opinión pública la conozca.
Pedro Joaquín Coldwell, titular de Energía, declaró el 21 de mayo tener posible conflicto de intereses a partir de que al interior del PRI funge como consejero político estatal y consejero político nacional. Además, tiene participaciones económicas en seis gasolineras.
Los de Educación Pública, Emilio Chuayffet; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Karam; de Salud, Mercedes Juan López, y de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, cumplieron con su obligación pero decidieron no permitir hacerlas públicas.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, presentó sus dos declaraciones y en ambos casos las hizo públicas. En el posible conflicto de interés expuso lo que marca la reglamentación: que su padre, su cónyuge y hermanos desempeñan actividades en la Administración Federal y en la IP.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y Transportes, expuso que su posible conflicto de interés consiste en que desde hace 20 años es socio del Club Toluca S.A de C.V., donde es consejero administrativo.
