Más Información
Ariadna García
La investigación sobre la casa blanca sentará precedente para investigar casos donde se presuma conflicto de interés en el futuro, afirma Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
A la cabeza de una revivida secretaría de Estado, Andrade Martínez sostiene que la forma como el presidente Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron propiedades vinculadas al Grupo Higa, que encabeza Juan Armando Hinojosa, podrá llevar o no a una sanción y dejará una historia documentada.
En una reunión con periodistas de EL UNIVERSAL, en la que participaron los columnistas Ricardo Alemán, Ricardo Raphael y Salvador García Soto, el funcionario federal defendió la investigación sobre la adquisición de las casas de Videgaray, de la primera dama Angélica Rivera y del propio Presidente Enrique Peña Nieto.
Afirma que las indagatorias siguen su camino y que puede ser en este año cuando se tenga una conclusión, aunque prefirió no comprometer si antes o después del proceso electoral del 7 de junio, porque el tema no está condicionado a una situación temporal.
“La investigación tiene su camino y el camino tiene que seguirse con la aspiración de dejar la historia documentada, esa es la aspiración y los elementos que dan oxígeno y credibilidad, son elementos que también se tienen que trabajar no sólo con la investigación, sino con otro tipo de medidas para tener distintas plataformas de combate o freno a la corrupción.
“En este caso específico (de las casas), es dejar la historia documentada con el equilibrio que da el marco legal y el equilibrio que, como deber, tiene que ser presentado, porque el juicio público es un juicio que va a continuar, y es un juicio que incluso, obviamente va a volver a despertar derivado de los resultados de la investigación sean cuales fueren”, asentó.
Al referirse al caso del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el columnista Ricardo Raphael cuestionó hasta dónde llegará la Función Pública, toda vez que se argumenta que el hoy funcionario federal adquirió su casa en el Club de Golf a las afueras de Malinalco, Estado de México, bajo el amparo de Grupo Higa, pero antes de que asumiera su cargo actual.
La Secretaría de la Función Pública, argumentó Andrade, investiga situaciones de servidores públicos desde el momento en que entran al carácter federal. Y es que estructuralmente hablando, añadió, hay dos cuestiones que enfrenta todo servidor: tiene que abordar circunstancias del presente y formular alguna situación estructural, para el largo plazo.
“La circunstancia presente exige materializar las acciones administrativas y terminar con la investigación, para dejar historia documentada", subrayó, “de lo que se trata es de generar espacio para dejar plataforma de mejores prácticas derivado de hallazgos y situaciones que hayamos estado viendo, pero eso lo vive cualquier servidor”.
Salvador García Soto puso sobre la mesa el hecho de si la investigación de las casas toca a Angélica Rivera de Peña, sobre todo porque ella, al no ser funcionaria pública, no es alcanzada por la legislación.
El único patrón común que existe, respondió el funcionario federal, es que hay empresas que celebraron contratos con el gobierno actual y que tuvieron relación mercantil con servidores públicos, antes de que llegaran a la Administración Pública Federal.
“Lo demás no será tratado de la misma manera”, añadió.
Virgilio Andrade explicó que la investigación parte de la forma en cómo fueron asignados a Grupo Higa, sobre la historia de la empresa o empresas, con el gobierno y a partir de ello determinar si existió o no un conflicto de intereses o alguna situación ilegal en dicha asignación.
“La investigación se tiene que dar porque el Presidente así lo estableció”, argumentó, “porque es una condición de oficio, así es necesaria para tener el tema debidamente documentado. Esta investigación tendrá al final todo el documental: cómo se investigó y qué se investigó”.
A fondo
El secretario de la Función Pública advirtió que no solamente se investiga a Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, sino también a toda la red alrededor de éste en donde podrán salir nombres de otros empresarios. Aún se está en la exploración, dijo, de socios, apoderados, vínculos, entre otros, ya que fue el punto de partida desde el primer momento.
El columnista Ricardo Alemán pidió saber en qué se sustenta la investigación en curso.
“Se sustenta en la legalidad o no de la asignación de los contratos a las empresas en donde tenga vinculación Juan Armando Hinojosa, pero meterse contrato por contrato implica profundizar en las personas que están en los contratos, entonces veremos qué caminos nos va abriendo la investigación en relación con él”, expresó.
Dependencia revivida
Al justificar por qué la Secretaría de la Función Pública entró a la investigación, Andrade Martínez puntualizó que es la única que tiene las facultades para ello, no el Congreso, ni la Auditoría Superior de la Federación
“La razón por la cual el Presidente decide abrir este tema y hacerlo a través de la Función Pública, no es por la comodidad aparente de tener una secretaría dentro del Ejecutivo a la que delega funciones, no, es porque es el único instrumento institucional con la capacidad y la vigencia para hacerlo. No hay Comisión Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación no puede entrar en tiempo presente hasta hoy ni ver con ese grado de fineza los temas, el primer agente público que tiene que pronunciarse en relación con el tema es la Función Pública, esa es la razón", mencionó.
¿Revivió la Función Pública?, cuestionó Ricardo Raphael.
—Sí
¿No era tan mala?
—La agenda cambió, el Presidente estableció una agenda que era crear la Comisión Nacional Anticorrupción y a partir de esa agenda atacar exactamente las conductas, el uso indebido de la función y los beneficios indebidos de la función.
Virgilio Andrade añadió que ante la situación actual, necesariamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deberá cambiar para volver a darle vida a la Función Pública.
Ricardo Alemán sugirió que la iniciativa del entonces candidato Enrique Peña Nieto —en 2012— de crear una Contraloría, desapareció
Lo que hizo el jefe del Ejecutivo Federal, destacó Andrade Martínez, fue presentar una iniciativa que creó distintos órganos y en el caso de la Secretaría de la Función Pública, aclaró, retomará funciones que habían sido enviadas a la Secretaría de Hacienda.
Hoy lo que existe, explicó, son papeles más coordinados entre instituciones: la Secretaría de la Función Pública hace los señalamientos y tiene facultad para sancionar; la Auditoría Superior de la Federación revisa lo que sucedió; el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa revisa casos de funcionarios inconformes, y la Fiscalía Anticorrupción entra cuando existen grandes volúmenes de casos.
El secretario destacó que falta la discusión para regular el conflicto de interés, toda vez que es un algo que no está tipificado. En tanto, puntualizó, la Función Pública debe seguir cumpliendo con las obligaciones que ha tenido, con su estructura y su presupuesto que no han sido modificados.
La amistad
Reticente a responder sobre su amistad con el Presidente de la República, el funcionario reconoció su parte.
A pregunta de Ricardo Alemán sobre si Andrade es amigo del presidente Peña Nieto, la respuesta fue evasiva: “Es relevante destacar que el Presidente fue tajante, el Presidente ha dejado de lado las amistades, él no tiene amigos, lo dijo y no sólo eso, ni ejercicio, está sujeto al escrutinio público y también al escrutinio del Congreso”.
¿Sí es amigo del Presidente?, insistió Ricardo Raphael.
—Depende, nunca he ido a un cumpleaños suyo, nunca he ido a un cumpleaños de los hijos.
¿Es o no amigo del Presidente?
Yo tengo una buena relación con el Presidente desde hace tiempo, claro. Pero eso es independiente del ejercicio que me toca hacer, del ejercicio que pidió y del escrutinio.
Virgilio Andrade profundizó que es necesario definir qué es una amistad, para que a partir de ahí se determine un conflicto de intereses.
Pese a todo ello, afirmó que en ningún momento dudó en aceptar el cargo que le encomendó el Presidente de la República, para encargarse de la investigación, primero, sobre la compra de casas por parte de funcionarios públicos y escándalo en el que se vio envuelta su esposa Angélica Rivera.
“Acepté el cargo. Tengo yo la convicción de vida profesional de qué es tomar los temas y más si son relevantes, en la primera oportunidad, a sabiendas de los riesgos profesionales que siempre hay en cargos de esta relevancia, pero se tienen que tomar, Sí es una convicción acertada”, aseveró.
Cultura de corrupción
El secretario de la Función Pública no considera que la corrupción sea un tema de cultura arraigada en la sociedad mexicana. Se trata, apuntó, de un tema de carácter institucional. Parte del desarrollo cultural, manifestó, es el avance de las buenas instituciones, por ello es que se deben construir éstas con una visión de buen funcionamiento.
“Pienso que todas las actuaciones de una colectividad en el ámbito del poder, en los negocios, son asuntos institucionales, para generar incentivos que inhiban o motiven conductas. Lo que importa, es el desarrollo de las instituciones”, destacó.
Defendió a los Órganos Internos de Control con que cuenta cada dependencia, los cuales —subrayó— deben ser factor de transformación en la cultura del combate a las malas prácticas. Deben alimentar, destacó, su integralidad para que tengan una actuación preventiva y útil en cada caso. Agregó que la experiencia existente debe aprovecharse, pero también tiene que ser un trabajo diario por hacer, lo cual se complementa con acciones de capacitación permanente.
prv
