Técnicamente una institución de educación superior pública no puede quebrar. Solo quiebran las sociedades mercantiles y una universidad debe ser lo más lejano a una organización cuyo propósito esencial es la obtención de lucro. Sin embargo, la situación financiera de las universidades públicas es crítica y se puede equiparar a una quiebra.
Esto no es nada nuevo. Desde el sexenio de Fox, hay voces que han llamado la atención sobre el problema, la Auditoría Superior de la Federación en el 2013 calculó un déficit de más de 227 mil millones de pesos -que representa la mitad del monto de las participaciones federales del año entrante- y en 2015, Jaime Valls Esponda , Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), explicó que esta es una “problemática insostenible” y que se deben revisar los casos de las instituciones de educación superior de manera integral (El Financiero, 06-12-15). Los números rojos han crecido a un ritmo acelerado a pesar de los esfuerzos de esta asociación y las reformas a algunos de los sistemas pensionarios.
El lunes pasado, El Universal dio cuenta que las Universidades de Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas solicitaron al Presidente Peña Nieto un apoyo urgente de 4 mil millones de pesos para poder pagar la nómina de pensionados. El monto del pasivo laboral actualizado anualmente seguramente quita el sueño a más de un Secretario de Finanzas estatal, con lo que este asunto, no es un problema de caja, sino que es estructural.
La ANUIES tiene detectado el problema financiero desde hace años y ha actuado en consecuencia, pero no es suficiente por la diversidad de esquemas jubilatorios y la respuesta diferenciada de las instituciones. Hay grupos que no quieren ver la gravedad. Hay que afrontar la situación -agarrar al toro por los cuernos- y tratar de darle una solución de fondo. Hay apoyos federales, pero estos son insuficientes aun en aquellos casos en que hubo una reforma que aumentó la edad de retiro, el salario de cotización y eliminó duplicidades y ahora respiran con algo de tranquilidad. Otros simplemente no han hecho nada y se están ahogando por su propia catatonia.
No hay reservas para pagar los pasivos laborales, ni razón política para destinar el gasto público a cubrir pensiones mayores al salario cobrado en activo, durante periodos mayores a los efectivamente laborados o pensiones fijadas con base en el último año de cotización. Hay profundos desequilibrios que se pretenden ocultar con los juegos pirotécnicos de la demagogia de la defensa de la universidad popular y el derecho laboral.
La reducción en el gasto operativo en las universidades debe hacerse cuando se trata de cuestiones superfluas, pero aún acabando con los excesos y desviaciones, esto es insuficiente, no hay solución a corto o mediano plazo (afecta el gasto operativo y de inversión) y los perdedores son los jóvenes, que carecen de ofertas educativas viables financieramente y las actuales se deterioran significativamente en la medida que los recursos para el pago de académicos en activo disminuye debido a la nómina creciente de jubilados.
El déficit hoy asciende a 357 mil 944 millones (equivalente casi a 10 veces lo que costará la reconstrucción tras los sismos de septiembre) representa el 8 % del presupuesto federal del 2018, No extraña que la Subsecretaría de Educación Pública fuera contundente en sus declaraciones y anunciara que no se rescatara a ninguna de las universidades al borde de la insolvencia, ya que no han hecho nada para resolver sus problemas estructurales (El Universal, 21-11-2017).
No basta con extender la mano y exigir. Los paros y las marchas no producen recursos y los que se obtienen de esta forma son apenas escasas gotas de agua para un sediento en un inmenso desierto.
En el Gobierno Federal y la ANUIES hay conciencia y han actuado en consecuencia. Del 2002 al 2015 se asignaron más de 12 mil millones al Fondo de Apoyo a las reformas estructurales de las universidades públicas, que impactaron positivamente en las instituciones que transformaron sus sistemas de pensiones y se estima que esto redujo los pasivos contingentes en medio billón de pesos.
El “regaño” de la SEP a las universidades que padecen angustias financieras es claro: hay que promover cambios estructurales y no sólo pedir más recursos. En las universidades que decidieron no confrontar a los sindicatos y modificar el esquema de prestaciones, los déficits han alcanzado niveles de alarma y pueden afectar funciones sustantivas. La ruta de aumentar los recursos presupuestales federales se visualiza cerrada. La revisión a fondo de los esquemas pensionarios es el camino de la sobrevivencia. ¿Lo entienden todos los involucrados? No hay mucho tiempo para tomar decisiones. Otro tema para las elecciones del 2018.