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Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos urgieron al Senado a concluir la ratificación del nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de que esta instancia pueda poner en marcha al 100% la nueva Ley de Atención a Víctimas (LGV), y de inmediato concretarse lo que llamaron refundación de la dependencia, y así activar en su totalidad los beneficios incluidos en las reformas que entraron en vigor en enero pasado.
Grupos como Unidos por los Desaparecidos en Baja California, Justicia para Nuestras Hijas, Desaparecidos Justicia, AC., Orgullo Ecatepec y Litigio Estratégico, entre otras organizaciones, pidieron a los senadores acabar con la incertidumbre institucional en la CEAV con la conclusión del procedimiento de ratificación de Jaime Rochín en el organismo, puesto que el retraso afecta a las víctimas, dado que los funcionarios encargados en este momento han postergado diversos trámites luego de que se pospuso la ratificación.
Los representantes de estos organismos, Víctor García Herrera, Fernando Ocegueda, Brenda Rangel, Joselyn y Alehlí Ordoñez, además de Norma Ledezma, plantearon por separado que respaldaron la propuesta de que Rochín encabece la CEAV, bajo la condición de que dé resultados positivos en 100 días y mejore la atención a víctimas; así como para que dé respuestas concretas a la problemática derivada de quienes han resultado afectados por el crimen o han sufrido atropellos y violaciones a sus derechos.
Indicaron que si bien era urgente aprobar la reforma y desburocratizar la atención a víctimas, ahora es impostergable que se apliquen las acciones que concreten lo que se pretende en la LGV, tarea que le toca al nuevo titular de la CEAV bajo mecanismos que permitan la verificación de lo que hace y que haya una plena rendición de cuentas.
Unidos por los Desaparecidos en Baja California y Desaparecidos Justicia, Víctor García y Fernando Ocegueda, respectivamente, dijeron que el tema de las víctimas, por ser un asunto de mayor prioridad debido al dolor que causa a quienes han sido afectados directa o indirectamente por algún delito o abuso de sus derechos humanos, no permite que haya dilaciones en las estrategias de atención.
