El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que la Ley General de la Fiscalía General de la República, debe estar aprobada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, del 1 de febrero al 30 de abril de 2017, donde la verdadera voluntad del Ejecutivo federal sobre el tema.
"La verdadera voluntad del Ejecutivo Federal se medirá si el plazo para la reforma constitucional y la Ley de la Fiscalía General se sujeta a llevarse a cabo en el siguiente periodo legislativo, de lo contrario, estaríamos ante situaciones idénticas a sus iniciativas sobre cannabis y matrimonios igualitarios, de las cuales se deslindaron y abandonaron", advirtió el perredista.
Barbosa Huerta insistió en que la reforma constitucional al artículo 102 de la Carta Magna y los transitorios 16 y 18 del decreto en donde se crea la Fiscalía General de la República (FGR), debe quedar aprobada y resuelta en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
En ese contexto, dijo, la nueva ley de la Fiscalía General de la República debe aprobarse en el mismo periodo legislativo, febrero-abril del año siguiente.
"El o la fiscal Anticorrupción deberá ser electo en el Senado en el mes de febrero del 2017; en enero de ese año, el Senado deberá llevar a cabo una profunda auscultación en la sociedad con la participación de universidades, institutos y centros de estudios e investigación, así como organizaciones de la sociedad civil, para que opinen y ausculten a las y los 32 aspirantes a Fiscal Anticorrupción, y basado en las conclusiones de ello, el Senado resueva".
El senador por Puebla expresó que el Fiscal General de la República debe ser electo por el Senado una vez que se aprueben la reforma constitucional en curso y la nueva ley de la Fiscalía General; esto debe ocurrir al final del siguiente periodo ordinario de sesiones o de manera extrema durante el receso legislativo de verano, para lo cual el Senado tendría que ser convocado a periodo extraordinario de sesiones.
Barbosa Huerta dijo que el actual procurador, Raúl Cervantes no puede convertirse de manera automática en Fiscal General, en todo caso deberá someterse en igualdad de circunstancias a la evaluación y escrutinio de los mismos actores sociales y académicos mencionados.
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