El senador Armando Ríos Piter consideró urgente atender los desafíos en la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), así como fortalecer la revisión del gasto público para identificar, perseguir y sancionar de manera efectiva a la corrupción.
Advirtió que, a pesar de que México ha manifestado su compromiso con las convenciones internacionales e instrumentado distintas estrategias de política pública para combatir la corrupción, el Estado mexicano tiene “una gran deuda” para enfrentar de manera contundente este fenómeno.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRD recordó que nuestro país atraviesa por una grave crisis institucional, cuya expresión más nefasta es este problema que se ha generalizado en todos los ámbitos de gobierno. Se trata, agregó, de un problema transversal que opera de manera sistémica y estructural.
Reiteró que la corrupción origina violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de la vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad humana. Además, la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes por este fenómeno, debilita nuestras instituciones y genera un clima de frustración por parte de la sociedad.
Ante este contexto, Armando Ríos Piter presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores convoque a una reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de analizar los desafíos en la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización, así como los mecanismos para fortalecer la revisión de gasto público.
Señaló que, en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, es vital identificar su funcionalidad y de los actores que intervienen en él, con el objeto de garantizar su efectividad en el menor tiempo posible.
El senador del PRD refirió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugirió que el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), así como las entidades de fiscalización superior de los estados, están restringidas por las deficiencias jurídicas, de política pública y de aplicación, que amenazan la independencia, la capacidad y la coherencia de las auditorías en las entidades federativas.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para su análisis y dictamen correspondiente.