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De estar involucrados en ilícitos de narcotráfico, delincuencia organizada y acopio de armas, individuos gozan ahora de una indemnización que otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al acreditar violaciones al debido proceso, trato digno, detención arbitraria o tortura.
De un monto de 81 millones de pesos que utilizó la CEAV del Fondo Para la Reparación del Daño, 72 millones (90%) fueron a parar a personas acusadas por delitos federales que acreditaron violaciones a sus derechos humanos, mientras que 8.7 millones de pesos (10%) fueron repartidos a las víctimas que sufrieron un delito.
Se trata de 31 casos que documentó la organización Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, relacionados con Tlatlaya, Ayotzinapa, un presunto médico de Los Zetas y operadores de Teodoro García El Teo.
En 24 casos, la CNDH emitió recomendaciones para que se les indemnizara, algunos por violar su derecho a la integridad, a la verdad y a la debida procuración de justicia; otros por detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura, trato cruel y privación de la vida.
En la recomendación 51/2014, por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, el organismo defensor de derechos humanos pidió la reparación del daño de los civiles; en ese caso la CEAV desembolsó alrededor de 30 millones de pesos para ocho personas, entre ellas dos personas que fueron acusadas por acopio de armas, pero después obtuvieron su libertad. El monto más alto se entregó a los familiares de una de las personas que fue privada de la vida por militares (5.6 millones de pesos).
La recomendación 87/2011 está relacionada con los operadores de El Teo, acusados por delincuencia organizada. Son siete casos en los que la CNDH pidió la reparación del daño y que la CEAV desembolsó poco más de 19 millones de pesos por violar sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, integridad, tortura, detención arbitraria e incomunicación, el monto más alto de indemnización fue de 3.6 millones de pesos.
Sobre ese caso, Isabel Miranda de Wallace había denunciado ante los medios de comunicación que integrantes de la organización de El Teo, detenidos en junio de 2009, estaban en la lista de la CEAV para ser indemnizados por tortura.
Dijo que los representantes de organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos llevaron el caso de cuatro personas relacionadas con El Teo al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, para buscar la reparación del daño.
Acusan trato desigual. Al analizar la Ley General de Víctimas, Alto al Secuestro mencionó que existe una inequidad, pues para solicitar la reparación de daño alas víctimas de un delito deben tener una sentencia condenatoria de un juez y lo máximo que pueden recibir es un millón de pesos, el proceso tarda hasta 10 años.
Los que alegan ser víctimas del sistema basta con que tengan una recomendación de una comisión de derechos humanos y no hay límite del monto a recibir; ese proceso puede arreglarse en menos de un año.
“No podemos permitir que en una ley para víctimas existan condiciones de desigualdad que favorezcan los derechos de los imputados o acusados que argumentan violación a sus derechos”, explicó la organización.