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Cuernavaca.— Al menos 34 de los 42 concesionarios de la Asociación de Verificentros promovieron un amparo contra la suspensión del programa de verificación vehicular en el estado, cuya disposición oficial determinó el cierre temporal de todos los centros de medición en Morelos.
Los empresarios se oponen a esa medida porque argumentan que el gobierno estatal nunca explicó las razones técnicas para suspender el servicio de verificación, además, provocó perdidas millonarias y sobre todo el despido masivo de trabajadores.
Afirmaron asimismo que el gobierno exige un software de medición actualizado que ni siquiera las autoridades lo tienen, por lo tanto, consideraron que la determinación de cerrar los centros de verificación y convocar a la licitación de otras concesiones atenta contra sus derechos y, principalmente, su patrimonio.
Jesús Becerril, uno de los concesionarios que promovieron el amparo, declaró en rueda de prensa que a inicios del presente mes, 34 de sus compañeros promovieron el recurso legal para que las autoridades cancelen la suspensión que entró en vigencia el 2 de julio y terminará el 1 de enero de 2017, con nuevos centros de verificación. El amparo fue admitido en los juzgados federales y están a la espera de la resolución.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Topiltzin Contreras MacBeath, dijo que un dictamen técnico arrojó que ninguno de los verificentros de la entidad cuenta con la infraestructura, sistemas, equipos ni protocolos adecuados para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, y por eso se decidió suspender el Programa de Verificación.
“La decisión no fue unilateral, cuando conocimos los métodos de prueba para la certificación y las especificaciones de los equipos para dar cumplimiento a la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, supimos que en Morelos no se podría aplicar porque no había la infraestructura adecuada”, dijo Contreras e informó que en los próximos días se emitirá la convocatoria para las nuevas concesiones en la cual podrán participar los concesionarios actuales.
El anuncio de la suspensión de la verificación en Morelos ocurrió un día después de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, que establece límites de emisión de contaminantes más estrictos, para vehículos que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que conforman la Megalópolis.
Pérdidas económicas. Jesús Becerril detalló que el cierre de los centros de verificación causó estragos en 700 empleos directos y de manera indirecta en al menos mil 300 personas, así como pérdidas por 12 millones de pesos en las tres semanas de suspensión porque de los más de 430 mil vehículos que conforman el padrón en la entidad, 160 mil verificaban y eso redituaba alrededor de 80 millones de pesos al año, en multas.
Acusó además que en administraciones pasadas era la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) quien les vendía los hologramas, pero a partir de la administración del gobernador Graco Ramírez es el gobierno quien se los vende con un incremento de 70%.
