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Padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, entregaron un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que solicitan una reunión con los ministros, pues consideran que policías detenidos e investigados por la desaparición forzada de los jóvenes pueden quedar en libertad en caso de que les otorguen amparos.

Una comitiva acudió ayer al máximo tribunal para entregar el documento en el que exponen que se concedió amparo a uno de los policías de Iguala, detenido por el delito de homicidio.

“Solicitamos, con el debido respeto a la independencia de los órganos jurisdiccionales, que las resoluciones que emitan los jueces de Distrito en el caso Ayotzinapa sean apegadas a los principios de imparcialidad e independencia”, refiere el documento.

A 16 meses de la desaparición de los jóvenes, mencionaron que un amparo promovido por el policía preventivo de Iguala, Julián Abraham Acevedo Popoca, del 31 de marzo de 2015, fue aceptado por el Juzgado Noveno con sede en Iguala, que concedió el recurso “para efectos de que el juez precise el grado de participación del quejoso”.

A partir de este recurso que presentó el elemento de seguridad, otros 14 policías presentaron el mismo recurso para evitar ser juzgados por el delito de homicidio, por lo que están en espera de la notificación del juez.

Los padres de familia solicitaron una reunión con los ministros y el presidente de la Corte para que los jueces de Iguala que llevan el caso analicen las pruebas presentadas con parcialidad e independencia, para evitar que el caso quede impune.

“Nosotros consideramos que esto es inaudito, que no pueden ser estas circunstancias porque hay elementos suficientes para dictar los autos de formal prisión en contra de los policías preventivos, tanto de Iguala como de Cocula”, dijo el abogado Vidulfo Rosales.

Por la tarde, familiares de los estudiantes y organizaciones sociales marcharon del Ángel de la Independencia a la SCJN para exigir la aparición de los jóvenes. El contingente hizo una parada en la Procuraduría General de la República para demandar que se aclare el homicidio de Julio César Mondragón, quien fue privado de la vida y desollado el 26 de septiembre de 2014.

La esposa dijo que las autoridades no tienen elementos que permitan esclarecer el crimen, pues las acusaciones en contra de uno de los detenidos se basan en el testimonio de Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos. Dijo que ni siquiera les han entregado su cuerpo.

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