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Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio los procesos serán simplificados y la mayoría de los conflictos se solucionarán sin necesidad de tener que llegar a un juicio, dijo Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR).
El funcionario comentó que el 80 por ciento de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público, tanto federal como estatal, son entre ciudadanos; en ese sentido “se tienen varios esquemas de resolución de conflictos que facilitarán el proceso sin tener que llegar a un juicio como el otorgamiento del perdón, el arreglo entre las partes, el brazalete electrónico para enfrentar el proceso fuera de los penales”, por mencionar algunos.
Durante su ponencia ante estudiantes universitarios, Rommel Moreno explicó que con el sistema penal acusatorio desaparecerán las averiguaciones previas y se conformarán carpetas de investigación.
En el foro realizado en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, destacó que otra de las bondades será la presunción de inocencia y no de culpabilidad del imputado.
En lo que respecta a la capacitación del personal de la PGR, el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio informó que al termina el mes de noviembre, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se alcanzará el 60% de capacitación de los agentes del Ministerio Público Federal.
“Son los encargados de implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de al menos 10 estados de la República quienes están siendo capacitados durante ésta semana en el Distrito Federal con el propósito de avanzar en la formación de cuadros que repliquen la enseñanza en cada uno de sus estados y se logre la puesta en marcha a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, mencionó.
Agregó que una de las prioridades del nuevo sistema de justicia es involucrar más a la sociedad, que sea participativa y dé legitimidad a las instituciones que contarán con servidores públicos capacitados para que el trato hacia las personas se mejore “para generar confianza, orientación y apoyo a los involucrados, respetando siempre, sus derechos humanos”.
