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La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y el Tribunal Superior Agrario firmaron un convenio de colaboración para garantizar el acceso a la justicia agraria de la población indígena, quienes representan el 10% de la población total del país.
El acuerdo suscrito comprende cursos de capacitación y actualización en materia agraria para mediadores culturales o defensores en lenguas indígenas, el establecimiento de mecanismos para garantizar el acceso a la justicia agraria de este sector de la población, la difusión de medios alternativos para solucionar conflictos agrarios; así como compartir información sobre municipios y localidades que necesiten atención por la problemática agraria que presentan.
Con estas acciones se buscan generar acciones conjuntas que promuevan y fortalezcan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, comentó Luis Ángel López Escutia, magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario.
López Escutia recordó que en México existen más de 31 mil núcleos agrarios de los cuales dos mil 343 se ubican en comunidades indígenas.
"La justicia agraria debe proteger sitios y lugares sagrados y sobre todo debe proteger la propiedad de los pueblos y comunidades indígenas. Este convenio abre el paradigma de una justicia agraria con perspectiva intercultural", expresó Nuvia Mayorga, titular de la CDI.
La funcionaria detalló que los tribunales agrarios deben ser "parteaguas" en la administración de justicia de los pueblos indígenas para que se garantice el "pluralismo jurídico", mediante la convivencia del sistema jurídico y los sistemas normativos de este sector de la población.
Mayorga Delgado comentó que se han capacitado a 198 abogados y abogadas indígenas bilingües en materia penal, agraria, electoral y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformándose así el Padrón de Abogados Indígenas Bilingües.
El convenio se firmó en el marco de la XI Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios.
