En estos días estamos viendo declaraciones encontradas entre el gobierno federal y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro sobre la naturaleza de las órdenes que recibió el jefe de una patrulla militar que está acusada del homicidio de 21 civiles en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Mientras el Centro Pro presentó documentos militares y afirmó que las tropas salieron a la calle con instrucciones de abatir delincuentes, el gobierno dice que “abatir no significa matar”.
En los hechos, y sin hacer caso a detalles semánticos en ese momento, los efectivos de la Base de Operaciones San Antonio del Rosado, del 102 Batallón de Infantería, abatieron a tiros a 21 personas que, según el parte militar, habían “abierto fuego contra personal militar”. Lo que omitió el parte es toda aquella evidencia que apoya la hipótesis de que los civiles estaban ya rendidos, bajo custodia militar, antes de ser abatidos.
En la orden del comandante del 102 Batallón de Infantería al responsable de la Base de Operaciones San Antonio del Rosado, revelada en el informe del Centro Pro están las siguientes órdenes:
“Las tropas deberán operar de noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
“En caso de ser agredidos por la delincuencia organizada utilizando blindados, fusiles de alto calibre, granadas de mano, lanzacohetes y otro tipo de armas de alto poder destructivo, y ante la certeza del empleo de los citados artefactos por parte de los agresores, deberá usted emplear todo el armamento disponible, a fin de eliminar la amenaza, en tal forma que se garantice la seguridad del personal militar”.
Esta prioridad deja abierta la puerta a la interpretación discrecional del soldado que recibe la orden y está en la zona de operaciones.
Las órdenes impartidas de patrullar las calles en horarios nocturnos con la instrucción de “abatir delincuentes”, en los términos y lenguaje utilizado, implican el riesgo de que los efectivos de las unidades de comando que participan en la Operación Dragón del Ejército mexicano crean que su misión es la eliminación física de las personas que ellos identifiquen como “delincuentes”.
Dos documentos anexos a la orden original son la expresión, radicalmente distinta, del otro lado de la política militar. Los documentos dicen:
En un documento anexo, llamado “Conductas que deberán evitarse en operaciones”, la Secretaría de la Defensa Nacional ordena al personal militar a no incurrir en responsabilidad administrativa o penal durante las operaciones. Esto significa no detener personas sin orden judicial o sin ser sorprendidas en flagrancia; no introducir a personas en casas habitación; no llevar a detenidos a instalaciones militares; no causar lesiones a los detenidos; no incurrir en el uso excesivo de la fuerza; no robar; no matar personas; no cometer abuso de autoridad; no cometer tortura o inhumación clandestina; no incomunicar a los detenidos; no intimidar, no afectar el libre tránsito, no amenazar ni cometer desaparición forzada de personas.
En el anexo B, llamado “Aspectos a considerar para fortalecer la sustentación jurídica”, el personal militar recibe la instrucción de vigilar el respeto a los derechos humanos, la legislación internacional de derechos humanos. Las instrucciones incluyen evitar órdenes con términos como “combatir, capturar, destruir, hostigar”, así como la documentación detallada de los casos en donde los civiles resulten muertos o con heridas. Los efectivos son instruidos específicamente para no alterar el lugar de los hechos.
Ambos anexos, aprobados por el comandante del 102 Batallón de Infantería, están fechados el 11 de junio de 2014, casi tres semanas antes de los hechos del 30 de junio del mismo año. Los documentos revelan una contradicción muy grande entre el nivel de la política militar y su aplicación directa en las operaciones. Aunque la política intenta instruir al personal militar en el respeto a los derechos humanos, las órdenes de operación utilizan lenguaje que implica la destrucción física de las personas o grupos que el Ejército percibe como amenaza.
El gobierno federal debe revisar todas las órdenes militares en la Operación Dragón y prescindir del uso de lenguaje destructivo que sólo menciona la “eliminación de las amenazas” y el “abatimiento de delincuentes”. Es posible que este tipo de órdenes den la pauta a los soldados a anteponer su seguridad y “eliminar” físicamente a las amenazas que percibe.
Especialista en Fuerzas Armadas