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El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ordenó a la Sala Regional Especializada multar al PVEM por violar la ley electoral al distribuir 40 mil kits escolares como dádivas para incidir en el voto durante las elecciones pasadas.
Remitió el caso a la Sala para reindividualizar y sancionar la conducta del Partido Verde como grave ordinaria.
Además, el Tribunal confirmó la multa que esa misma Sala impuso al Verde por 2.6 millones de pesos, por incluir en ese kit utilitarios de material no textil — como ordena la ley— sino incluso de plástico, como fue el caso de un reloj y un termo.
Aunque algunos de los productos que se incorporaron en la mochila o kit escolar, que costó al PVEM 4.5 millones de pesos, fueran considerados como lícitos, pues son textiles y sí se podrían distribuir en lo individual, “la entrega en paquete de esos bienes viola la ley”, expuso la magistrada ponente, María del Carmen Alanís.
“El kit completo con los 22 productos consiste en una dádiva y eso es lo que se pide sancionar, pues pudo afectar la libertad del sufragio de manera independiente al material con que están hechos los utilitarios”, explicó.
De hecho propuso revocar el criterio de la Sala Regional para la cual “todos los artículos eran utilitarios permitidos porque eran útiles”.
Pero por cuatro votos, se eliminó de la sentencia la referencia al tipo de material del que podrán estar hechos los utilitarios, pues la ley ya marca que deberán ser textiles.
Avalan interventor para PT
En tanto, por unanimidad del pleno se confirmó la validez del nombramiento de un interventor para que controle y vigile el patrimonio del PT, aun cuando todavía no es un hecho su pérdida de registro como partido.
Esa designación no deja al partido indefenso, no lo pone en fase de liquidación ni le obstruye el desarrollo de actividades, pues es sólo una fase “preventiva” ordenada por la ley. De no alcanzarla en los cómputos definitivos entonces sí procederá la fase de liquidación.
Confrontan posturas
En la sesión, el TEPJF rechazó pronunciarse sobre la vacante de magistrado que enfrenta desde hace dos meses —tras la conclusión del cargo del magistrado presidente Alejandro Luna Ramos— y descartó los juicios ciudadanos promovidos para acelerar el nombramiento.
En ese marco los juzgadores se confrontaron entorno a las excusas para conocer del proceso.
El magistrado Flavio Galván reveló que sólo la magistrada María del Carmen Alanis pidió excusarse de conocerlo, pues uno de sus colaboradores está en la terna de entre la cual el Senado habrá de elegir magistrado. Pero esa solicitud fue rechazada en una sesión privada realizada el martes.
Nava Gomar —dos de cuyos colaboradores completan la terna— dijo que la excusa de Alanís fue “peculiar” pues primero conoció el caso el 18 de mayo y se excusó después.
En cambio no se excusó en el proceso de designación de consejeros del extinto IFE en los que participaron dos de sus ex colaboradores con los que tuvo “cercanía estrecha” y uno de ellos fue su socio.
