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En la ficha que tiene el gobierno federal de las características del penal del Altiplano se menciona que “el nivel de seguridad de este centro es máximo y existen sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos, como circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas , detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia, y telefonía entre otros, para apoyar a los elementos de seguridad a brindar el control estricto de la institución”.
Sin excepción, todos los mecanismos de seguridad con los que cuenta ésta prisión, fueron burlados por Joaquín El Chapo Guzmán.
Sólo el sistema de videovigilancia permitió, aunque tarde, que los servidores públicos se percataran de su ausencia, cuando perdieron contacto con su imagen.
La crisis en el sistema penitenciario en México ha sido denunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sus diagnósticos anuales en los que a dado cuenta del autogobierno que existe en la mayoría de las cárceles.
En una escala del 0 al 10, el promedio nacional de los centros federales es de 6.61; el complejo penitenciario de Islas Marías y el penal femenil de Tepic, Nayarit, se encuentran por debajo del 6; mientras que el penal de máxima seguridad de El Altiplano está calificado con un 7.53.
El mejor calificado es el Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz, con un 7.75, le sigue el Cefereso número 2 Occidente, en El Salto, Jalisco, con 7.7; y Cefereso 7 Nornoroeste, en Guadalupe Victoria, Durango, con 7.65.
Para el diagnóstico 2013, el organismo tomó en cuenta cinco aspectos en lo que se refiere a la integridad física y moral de los internos, en el del Altiplano, de donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, la CNDH calificó con 6.11; en cuanto a una estancia digna, el penal de máxima seguridad tiene una calificación de 8.56
En el apartado de las condiciones de gobernabilidad, la CNDH calificó con 8.9; el organismo asegura con 9.91 que las autoridades tienen el control de la seguridad, pero con un 4.5 en la ausencia de sustancias prohibidas.
En 2012, la CNDH informó que el crimen organizado extendió su poder en las cárceles un 4.3 por ciento.