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De nuevo el Estado mexicano trata de justificar lo injustificable: “abatir no es matar” nos dice Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A Campa le incómoda la indefendible posición de debatir sobre la semántica de qué significa la orden de abatir y porqué las ejecuciones extrajudiciales no son un delito de lesa humanidad.
A cortes militares y magistrados les toca pronunciar la sentencia definitiva que dará luz y (esperemos) justicia a los deudos de las víctimas, sean estos quienes sean. Tlatlaya pone en evidencia algo que muchos sospechábamos, el Estado ejerce la fuerza fuera de los protocolos de uso racional; los militares no están preparados para fungir como policías y debemos observar con mucho cuidado el desempeño de todas las autoridades de seguridad y justicia del país.
Muchas son las características positivas y loables de nuestro Ejército Mexicano, una institución que tiene una misión y características operativas diferentes a las de la prevención y reacción en materia de seguridad ciudadana, lo que ha sido varias veces puesto en evidencia en estos últimos nueve años en los que nuestros militares han salido a las calles a subsanar la ausencia de compromiso en el combate al delito de las autoridades locales.
Interesante el debate público que ha surgido tras este evento: ¿los criminales, que no respetan ninguna regla, que dañan a la sociedad, tienen derechos humanos pese a que no muestren humanidad alguna con las víctimas que agreden?
Las posiciones van desde quién ve en el garantismo jurídico una forma de favorecer a los delincuentes y considera que necesitamos castigos draconianos y menores controles sobre las autoridades de seguridad para que éstas combatan en igualdad de posiciones con los delincuentes, hasta quienes pensamos que sólo en el respecto irrestricto a los derechos humanos podemos hacer frente a la crisis de debilidad institucional, justicia a modo, inseguridad e injusticia social.
Personalmente sé el reto emocional que significa tratar con dignidad a quien no mostró ningún tipo de respeto o piedad por las víctimas, entiendo la humana voluntad de venganza contra quien tanto daño le hace a la sociedad, comparto la sensación de desamparo toda vez que un delincuente queda impune tras haber cometido un delito y conozco la dificultad que tienen nuestras autoridades en combatir bajo reglas y protocolos a quien no muestra el menor respeto por algo.
Sin embargo, también sé que la función del Estado es precisamente prevenir que la naturaleza humana prevalezca sobre el Estado de derecho y que sólo éste garantiza el respeto de los derechos individuales y sociales.
El problema no es el garantismo jurídico o la dificultad de combate entre jugadores que tienen reglas diferentes, el problema es un Estado que, a través de sus representantes, hace latente que sólo algunas personas tienen derechos humanos; el problema es que aun tenemos autoridades con un desempeño alejado de los protocolos de actuación y terminan poniendo en riesgo los resultados de investigaciones y detenciones; el problema es la corrupción del Poder Judicial que emite sentencias inexplicables o fabrica violaciones al debido proceso.
Tlatlaya es sólo uno de tantos ejemplos de los retos que como sociedad enfrentamos; Tlatlaya es una de las consecuencias de una débil cultura de la legalidad, de una sociedad de desigualdad de oportunidades, de corrupción institucionalizada.
Precisamente para prevenir eventos similares, en el futuro debemos fomentar y hacer efectivo el respeto a los derechos humanos, promover el acceso a una educación de calidad, que permita la adquisición de competencias pertinentes a los retos actuales, establecer sistemas de créditos para poblaciones en condiciones de riesgo con el fin de formalizar a los informales y mostrar los beneficios prácticos del respeto de la ley, sobre todo debemos combatir impunidad y corrupción.
Sin estos elementos habrán otros Tlatlaya, lo sepamos o no, y que no se nos olvide, en un débil Estado de derecho, no tenemos garantía alguna que nuestros derechos sean respetados. Abatir sí significa matar y un Estado que mata es un Estado tirano, un Estado opresor que debe ser refundado desde sus cimientos sin duda alguna.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@ObsNalCiudadano
@frarivasCoL
