Colaboración especial
El riesgo de que no se celebraran elecciones en diversas zonas del país fue real. Contra todos los pronósticos, el pasado domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) logró instalar 148 mil 626 casillas que representan 99.84% de las programadas. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración interinstitucional entre el gobierno de la República, los gobiernos de los estados y el INE. Fue relevante no sólo para disuadir a diversos actores empeñados en acciones disruptivas, sino también para que la jornada transcurriera con normalidad y la ciudadanía pudiera votar en libertad. Por supuesto, la esforzada labor de la estructura profesional del INE, permanente y temporal, y de casi un millón de ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla, fue fundamental para que, en un contexto de riesgos desde ambientales hasta políticos, la organización electoral culminara con un porcentaje notable de participación que se estima entre un 47 y 48% de la lista nominal de electores. Es de tener en cuenta que en 99.39% de las casillas se contó con representantes de los partidos políticos. Fue una experiencia exitosa de conjunción de esfuerzos entre instituciones, estructuras del INE y, sobre todo, de los electores. En ese sentido, se trató de una elección de ciudadanos para los ciudadanos.
Con todo, se vislumbran retos y desafíos importantes en la consolidación del sistema democrático. Aunque se suele decir que después de la tormenta viene la calma, el clamor político y social que antecedió a la elección anuncia nubarrones, que deben atenderse con el mayor cuidado y celeridad posibles.
En primer lugar no debemos perder de vista que la reforma político electoral previó un catálogo de causales para anular una elección. Las omisiones o faltas deben ser revisadas con cautela, a fin de sancionarlas debidamente y, al mismo tiempo, preservar la voluntad ciudadana. Dos temas que estarán en el escenario inmediato son las quejas por presunto rebase de tope de gastos de campaña, y discusiones en torno a si el porcentaje de casillas instaladas es suficiente para validar una elección, en dos o tres municipios de Guerrero y Oaxaca. En el primero, no se instalaron 26 casillas, mientras que en la segunda entidad, el número de casillas no instaladas ascendió a 133.
En segundo lugar debemos realizar una evaluación pormenorizada de la experiencia adquirida en estos procesos, respecto de las ventajas y desventajas del diseño organizacional existente. En particular, se hace necesario fortalecer el sistema de organismos electorales, para favorecer espacios de colaboración, así como propiciar la convergencia de marcos legales, sin renunciar a las dinámicas locales. El actual modelo electoral puede propiciar tensiones, derivado de la tenue línea que, en algunos temas, delimita los ámbitos de atribuciones locales y nacionales.
Finalmente no debemos perder de vista que la reconfiguración del mapa político nacional implicará, necesariamente, cambios en el sistema electoral. Para muchos, en la elección se expresó el hartazgo y descontento social de los ciudadanos frente a la representación partidista; la participación de los ciudadanos ciertamente otorgó a cada partido un porcentaje de respaldo, pero sobre todo pareciera haberse constituido como un factor de empuje para la transformación democrática del país. De manera que resulta imprescindible la enmienda de dispositivos legales que han quedado cortos ante las nuevas realidades nacionales, y buscar mecanismos para mejorar la permeabilidad del sistema político ante las demandas y aspiraciones de la sociedad; el desafío es lograr una mayor y mejor representatividad, para atender la insatisfacción de amplios sectores y alejar por completo el riesgo de enfrentamiento social.
Entre tanto, la buena noticia del domingo es que la sociedad mexicana reiteró su adhesión a la democracia y su disposición a buscar en las elecciones un mecanismo para contrastar y dirimir proyectos y diferencias.