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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ayer se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero su siguiente reto es conformar el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
Así lo consideró la comisionada presidenta del nuevo INAI, Ximena Puente Mora, quien expresó que tendrán 60 días para integrarlo, que será presidido por el INAI y trabajará de la mano con los titulares de los órganos garantes de los estados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“En este consejo haremos una política transversal que fije todas las normas en materia de transparencia y acceso a la información en toda la República, no sólo es el cambio de nombre sino todo lo que implica para adecuarnos a las nuevas facultades”, señaló.
Para la funcionaria del INAI, con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, llegó la hora de la transparencia y del acceso a la información.
“Todos los sujetos que reciban recursos públicos tendrán que rendir cuentas: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, fideicomisos; esta es una herramienta fundamental contra la corrupción, cero opacidad”, dijo la comisionada presidenta.
De acuerdo con Puente, de 242 sujetos obligados que se tenían con la pasada ley, ahora se podrá solicitar información a más de 400 entes públicos, así como de partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.
Añadió que otro de los retos es trabajar en los lineamientos para el ejercicio de las nuevas atribuciones del INAI. Entre ellas destaca hacer la ley más accesible para personas que tengan alguna discapacidad, visual o auditiva, así como traducir la ley a lenguas indígenas. “De lo que se trata es de conocer cuáles son la necesidades, hacer un diagnóstico, porque muchas veces dependen hasta el tamaño de letra que se use en las páginas, que las personas con debilidad visual puedan leer los nombres o fotografías; esta es una ley incluyente porque lo que habrá son versiones en lenguas indígenas y que se use el lenguaje de género.
“Una vez que los estados hagan sus adecuaciones a las leyes estatales, el INAI podrá conocer de los recursos de revisión a nivel local”, señaló.
