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El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que promulgó ayer en Palacio Nacional, se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país.
Asentó que la transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, con lo que se ayuda a prevenir y combatir la corrupción. Afirmó que la transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles cuentas.
Tras escuchar la posición de los presidentes de la Corte, del Senado y de la Cámara de Diputados, para cumplir con esta ley y su importancia para la vida democrática del país, asentó que los representantes del Estado mexicano asumen compromiso pleno por adherirse a los lineamientos que establece en favor de la transparencia.
Dijo que los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados. Afirmó que con esta norma, México fortalece y amplía los mecanismos de acceso a la información.
Acompañado por integrantes de su gabinete, por los presidentes nacionales del PRI y de Nueva Alianza, e integrantes de la sociedad civil, apuntó que, “sin embargo, con todo y sus beneficios sociales, la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma aun más amplio: el gobierno abierto”.
El presidente Peña Nieto enfatizó que los gobiernos abiertos son la nueva frontera de la democracia mexicana, son, señaló, un nuevo modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades.
Agregó que este modelo requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que contribuyan a este propósito. “Es un paradigma de autoridades proactivas, que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada”.
El mandatario federal dijo que éste es el nuevo estándar de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo, y en el que México hoy tiene una responsabilidad mayor como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Indicó que congruente con ello, en febrero expidió el decreto por el que se establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos y de esta manera se pondrá a disposición de la población de manera digital y en línea la información pública generada por las dependencias y entidades federales.
“Estoy seguro de que la ley general que hoy se promulga permitirá que no sólo el gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto adopten el nuevo paradigma de los gobiernos abiertos”, indicó.
En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que la Constitución reconoce en el Artículo 6 el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano y que para hacerlo efectivo en todo el país se promulga su ley reglamentaria.
“Se trata de un avance institucional muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y para seguir perfeccionando nuestra democracia”, acotó, al tiempo que refirió que fue en la alternancia de 2000 cuando se dio impulsó a la transparencia y al acceso a la información en el ámbito federal, pero que es en la alternancia de 2012 en la que se impulsa la transparencia a escala nacional.
Puntos relevantes. Peña Nieto expuso que ahora, con esta ley general, los sujetos obligados se comprometen para contribuir a atender la demanda de la sociedad mexicana de acceso a la información y a una mayor transparencia. Refirió seis componentes claves de este nuevo ordenamiento:
Obliga a más autoridades, instituciones y personas a que sean transparentes, incluidas las autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a transparentar la forma o la información pública que posean, al igual que a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, sostuvo que esta nueva Ley “simboliza una filosofía de Estado”, porque abarca la obligación para todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas, e incluso, para aquellas entidades de interés para la colectividad, como los partidos políticos o los sindicatos.
Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que en la aplicación e interpretación de la nueva ley deberá prevalecer “el principio de máxima publicidad, disponer que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”.
Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado, asentó que ninguna democracia niega información a sus ciudadanos. “En el mundo actual, la transparencia y la rendición de cuentas son fuentes básicas de legitimidad del Estado. La sociedad demanda a sus autoridades detener la corrupción y combatir la impunidad. Su aplicación y cumplimiento deben de representar un antes y un después en nuestra vida institucional. Debe representar el adiós a la opacidad gubernamental”.
Ximena Puente de la Mora, presidenta del IFAI, señaló a su vez que esta ley sentará las bases para garantizar que el derecho de acceso a la información se ejerza en igualdad de condiciones, sin restricciones, incorporando la perspectiva de género y sin discriminación alguna.
Dijo que los órganos garantes en los estados deberán dialogar franca y abiertamente con las legislaturas locales para lograr la armonización de las leyes locales con la ley general, para que se cumpla en los plazos previstos para el inicio de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia.
