Ante la proliferación de casos en que partidos y candidatos han aprovechado la ausencia de regulación del internet para promoverse o difundir campañas negras, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido que entrar y fijar criterios, pero sin leyes específicas de por medio.
El Congreso dejó sin regulación la propaganda política en internet y redes sociales, pero en el medio político y electoral existe controversia respecto de si esa es una virtud, o debe entrarse ya a regular los contenidos en la red.
Mientras sigue ese debate, los políticos hacen uso intensivo de esa plataforma.
En esta elección primero fue el PAN, que a través de su cuenta de Facebook inició la difusión de su spot “Relojes” donde acusó al líder priísta César Camacho de corrupción. Luego, pasó a televisión, fue suspendido, y el fondo del caso aún está pendiente de resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).
Otro es un caso de campaña negra en redes, mismo que se presentó a mediados de abril, con la difusión de un video en YouTube publicado por la cuenta “Cambiemos de rumbo” —luego replicado por la cuenta de Twitter del CEN del PRI— de un reporte sobre los viajes por el mundo de Sofía y Cristina, hijas del dirigente nacional panista Gustavo Madero.
El tuit con el link del video fue trending topic y éste se ha visto más de un cuarto de millón de veces, en tanto que otro, publicado desde la misma cuenta anónima y con narración de los viajes del hijo de Madero Muñoz, Alejandro, tiene más de 89 mil vistas.
Sobre ambos casos, sin embargo, no hubo queja y por tanto el INE no ha intervenido. De hacerlo, es probable que no hubiese prosperado, pues el INE no ha procedido cuando las cuentas no son administradas directamente por partidos políticos o candidatos.
Sin dientes
Aun sin ley, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha establecido criterios generales para detener los abusos en campañas pero, advierten los consejeros electorales, no se pretende legislar sino emplear disposiciones ya existentes.
Consejeros como la presidenta de la Comisión de Quejas, Beatriz Galindo, y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, consideran que debe legislarse al respecto.
“En el sentido que sea, pero contando con la norma a aplicar eso nos va a permitir resolver asuntos que puedan llegar y además dará certeza a quienes utilizan estos medios”, explica Galindo Centeno.
Quizá la voz discordante sea la del consejero electoral Ciro Murayama, para quien dado que en el mundo no se ha logrado regular el uso del internet y ponerle límites, no tiene por qué intentarse en México.
“La autoridad electoral no debe meterse a regular las redes sociales, lo que la gente envía en su cuenta de Twitter, pone en sus muros de Facebook o lo que circula en la red. Además de ser una misión casi imposible, es un intento de control que no corresponde a una autoridad respetuosa de la libertad de expresión”, señala.
Además ya existen regulaciones que indirectamente atañen al internet, expone, pero “los que tienen la prohibición de calumniar son los partidos políticos, no los ciudadanos, refiriéndose a la contienda electoral”. Fuera de eso, considera, se debe alentar el marco de libertad que hay para fortalecer la democracia.
“En cambio, los ejemplos de control de internet, donde se prohíbe uso de buscadores y demás, son países con amplias restricciones a las libertades políticas básicas, de tal manera que no creo que sea un ejemplo a seguir”, indica.
Regular internet, inevitable
Para el politólogo de El Colegio de México y ex presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Mony De Swaan, regular el internet, incluido su uso en las estrategias políticas y propagandísticas en México, es inevitable. Es un tema complicado porque no se rige sólo por lo que decida México con su ley, sino que más bien obedece a parámetros internacionales, expone.
Lo cierto es que es “todavía un tema nebuloso, en donde hacen falta directrices adicionales y donde ha habido sobre todo por una serie de compañías como Google o Facebook, una reticencia que se regule todo tipo de actividad”.
Pero, a juicio del también integrante del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos, ese “es un tema en el que habrá, tarde o temprano, por la vía de la convergencia, que llegar a la regulación”, dice al referirse a que, cuando se acceda por la misma plataforma a radio, televisión, internet, televisión y telefonía, será ineludible normar lo que se envíe y reciba.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en México 51.2 millones de mexicanos eran usuarios de la red en 2013, y la cifra creció 13 % con relación a 2012.
Pero, expone el experto en telecomunicaciones, el tiempo de regular en México no ha llegado, pues la penetración de banda ancha en el país aún es limitada y por tanto no todo mundo tiene acceso al internet ni recibe propaganda por esa vía, “pero tendremos que ir pensando y acompañando a organismos internacionales buscando una regulación”.
Imposible regular: TEPJF
De hecho este argumento —la aún escasa penetración del internet en México— ha sido el argumento de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de propaganda en internet.
En numerosos fallos del TEPJF ese órgano ha resuelto que la propaganda en internet no puede ser controlada por tres elementos: no hay certeza de quién es el responsable de la difusión de un mensaje; internet es un medio “pasivo” que no permite accesos espontáneos y su difusión no es indiscriminada o automática.
Uno de los casos clave en el tema es la sentencia 55/2012 del PRI contra el panista Ernesto Cordero. La denuncia de uso de propaganda en internet fue infundada porque no fue información indiscriminada, el PAN negó autoría y el ex precandidato no acudió a defenderse.
En ese caso el TEPJF fijó la postura que aún sostiene sobre el internet: el acceso implica “un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona para acceder a páginas y sitios (…) dicho medio de comunicación tiene como característica fundamental el ser pasivo, pues la información únicamente se despliega al momento de que alguien busca”.
Así, “la característica de universalidad que posee la internet es lo que dificulta una regulación y control” e incluso en su sentencia 153/2009, sobre la parodia de una canción en YouTube, en contra del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se resolvió que no fue posible determinar impacto, ni autoría, por lo que no procedió.
“Esta autoridad puede sostener válidamente la imposibilidad técnica que existe para controlar los contenidos publicados en la red de redes, más aún porque en el sistema legal vigente de México no hay regulación específica”.
Vigilar desde el INE
El TEPJF ha confirmado la prohibición a que se difunda, en páginas web institucionales, propaganda gubernamental durante campañas, o propaganda personalizada de funcionarios.
En entrevista, el consejero Ruiz Saldaña urge a ir más allá. “He sido sistemático en ir en contra de ese criterio del Tribunal que considera el internet un medio pasivo, volitivo (que depende de la voluntad del ciudadano acceder a las ligas); yo no comparto eso, hay spot pautados en alguna campaña con unos cientos de impactos. Y en cambio hay videos de YouTube que tienen cuatro millones de visitas y lo de pasivo es muy relativo”, argumenta.
Por eso se pronunció porque el Congreso no deje ese vacío legal. Ese es un criterio adoptado por la Comisión de Quejas del INE, pero sólo si se demuestra que la página denunciada de YouTube o Facebook la administra el mismo partido denunciado.
El INE ha fracasado en obligar a que se baje el mensaje. Fue el caso de una queja resuelta el 14 de noviembre de 2014 interpuesta por el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat (PAN) contra el PRI, por el spot en televisión y YouTube “PRI llegó el progreso”, en el que se le acusó de corrupción con imágenes donde aparecía detrás de una rejilla de prácticas.