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Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó adicionar a la Constitución la facultad para que el Congreso legisle en materia de desaparición forzada y tortura, lo cual será la base para tipificar estos delitos, armonizar el marco jurídico mexicano con los tratados internacionales y dar eficacia a la aplicación de justicia en protección de los derechos humanos de la población.
El pleno del Senado emitió 108 votos a favor de las cinco bancadas -PRI, PAN; PRD, PVEM y PT-, y fue turnado a la Cámara de Diputados, de la cual se espera una probación en menos de 24 horas, antes de la clausura del último periodo desesiones de la 62 Legislatura.
La reforma constitucional prevé la integración de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como un instrumento del Estado para responder a la necesidad de localizar a quienes hayan sido privados de su libertad en cualquier circunstancia.
El delito de desaparición forzada de persona, con base en los tratados internacionales que inspiran la protección de los derechos humanos, dicta que la persecución de este delito es imprescriptible y su gravedad se considera de lesa humanidad, de acuerdo con el dictamen que estudiaron y votaron seis comisiones de la Cámara Alta.
La minuta agrega a las facultades del Congreso la de expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La legislación podrá abarcar, incluso, garantías a los derechos humanos en caso de desplazamiento forzado, como lo propuso al pleno el senador Zoé Robledo Aburto (PRD), consideración que se incluyó en la exposición de motivos y que puede ser retomada en la tarea de elaborar la ley general de desaparición forzada.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos García (PRI) señaló que el dictamen sobre desaparición forzada y tortura tuvo como base ocho iniciativas, una de las cuales corresponde a una propuesta de la sociedad civil que fue presentada por legisladores.
Roberto Gil Zuarth (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, coincidió con Enrique Burgos García, en que esta reforma es la más importante en materia de derechos humanos que aprueba el Senado en la actual legislatura que concluye sus funciones ordinarias este jueves 30 de abril.
El reto ahora, señaló Gil Zuarth, es emitir a corto plazo leyes generales sobre esos delitos que tengan gran eficacia. El Congreso dispondrá de 180 días naturales, a partir de entrada en vigor de la reforma, al día siguiente de su publicación.
En el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado 22 iniciativas de legislación en materia de desaparición forzada, una de ellas del Ejecutivo federal, precisa el dictamen de las comisiones unidas.
Angélica de la Peña Gómez (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sugirió que la Convención de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada sea considerada para el estudio de la legislación que será elaborada en el Congreso de la Unión.
Dijo que en el caso de tortura, la ley general que sea preparada en el Senado y la Cámara de Diputados, podría partir de la convención de la Organización de Estados Americanos sobre esta materia.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), dijo que la crisis de derechos humanos en México, "es la mayor, desde 1968".
"A ver si los diputados hacen su trabajo", dijo Encinas, en referencia que este jueves 30 de abril, en San Lázaro sea aprobada la reforma a la Constitución que se votó en la Cámara Alta después de las 17 horas.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hubo 15 intervenciones, con señalamientos del voto a favor de cada bancada, y las senadoras y senadores en tribuna señalaron la aplicación de las leyes que podrán emitirse a partir de la reforma.
Los casos de la niña Alondra, que fue sustraída de la escuela y llevada a Estados Unidos, así como de la mujer esclavizada en una tintorería del Distrito Federal, y que ha sido conocida como "Alejandra" o "Zunduri", fueron referidos en tribuna para ilustrar las situaciones en las que debe aplicarse la legislación que podrá aprobarse.
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 se septiembre pasado, expresaron legisladores en tribuna, obliga a la emisión de la ley general sobre este delito, además de que es una de las responsabilidades del Estado mexicano respecto de los tratados internacionales de los que es parte.
Adriana Dávila Fernández (PAN), presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, dijo que la aprobación de esta reforma al artículo 73 constitucional es fundamental en la defensa de los derechos humanos, y es cumplir con la exigencia ciudadana de un trabajo serio y responsable del Congreso de la Unión, pero especialmente; es contribuir a atender y hacer justicia a las víctimas de estos delitos, que son los que realmente padecen omisiones o acciones de las autoridades.
Omar Fayad (PRI) dijo que la peor desgracia que pueda padecer una persona, incluso más que un diagnóstico personal de enfermedad terminal, es la desaparición de un hijo, hermano, padre.
En la desaparición de personas actúan agentes del orden del gobierno y particulares y en ese sentido se inscriben los hechos de Iguala, Guerrero, que marcan un antes y un después en México, señaló el senador Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Armando Ríos Píter (PRD) señaló el fracaso de la autoridad frente al fenómeno de la desaparición forzada de personas, en la que el margen de impunidad es de 98%. En los múltiples casos de que se tiene registro, comentó el hallazgo de 531 cuerpos en Durango, y ese evento criminal ha quedado en el olvido.
Aun cuando las autoridades tienen cifras distintas sobre desaparecidos, Ríos Píter dio cuenta de un total actual de 25 mil 821 personas, las cuales "son muertos, y se habla de ellos con otro nombre", y han sido reportados, principalmente en Tamaulipas, Jalisco, México, Distrito Federal y Coahuila.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, Mariana Gómez del Campo (PAN), informó que los gobiernos de Centroamérica tienen registros de desaparecidos en México: 541, de Honduras, y mil 584, de El Salvador.
Cristina Díaz Salazar (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, en tribuna dijo que la reforma da pie a la emisión de una legislación, que "deberá servir de instrumento, para que las autoridades de todos los niveles de gobierno encargadas de la investigación de los delitos, erradiquen esta práctica y en su caso sean sancionadas conforme a la ley".
Refirió Díaz Salazar que "se han presentado más de 400 quejas por desaparición forzada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y sólo han resuelto 30 casos", de acuerdo con el Informe del propio ombudsman.
Esta reforma se estudia y vota, dijo Cristina Díaz, pasa en el Senado cuando "en nuestro país existe una gran preocupación en torno a este delito y la situación de impunidad que permea en todo el territorio nacional".
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