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La Secretaría de la Función Pública (SFP) arranca a partir del 1 de mayo la obligación para los funcionarios de la administración pública federal de presentar también declaración de conflicto de interés, la cual deberá ser actualizada cada año.
A raíz de que se dio a conocer la compra de inmuebles por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo federal determinó el 3 de febrero pasado que todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones de interés.
El acuerdo, firmado por el secretario de la Función Pública y que hoy se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de la dependencia, precisa que los formatos para las declaraciones patrimoniales que año con año se presentan en mayo "con - tendrán un apartado denominado Declaración de Posible Conflicto de Interés, a fin de transparentar el ejercicio del servicio público".
El objetivo es que para que los servidores públicos puedan atender la instrucción referida y presentar en el próximo mes la declaración de conflicto de interés, es necesario incorporar un apartado en el formato de la declaración patrimonial, a fin de favorecer la transparencia y la vigilancia, así como la identificación de situaciones de posible conflicto de interés.
"A fin de que a partir de mayo de este año sea obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posible conflicto de interés, misma que debe entregarse al ingresar a cargos públicos federales y actualizarse anualmente", establece el acuerdo referido.
De igual forma, la SFP estableció protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de los procedimientos de contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones para evitar actos de corrupción.
Se advierte en el acuerdo publicado que la inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en el protocolo "no afectará la legalidad de las contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas".
Se agrega causal. La oficina de Virgilio Andrade también determinó ampliar la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno federal, ya que se agrega el detalle de la causa de la sanción aplicada.También incluirá información de mil 504 empresas castigadas desde el 14 de octubre de 2004 hasta el 27 de abril de 2015, de las cuales mil 262 son personas morales.
El 54% de las empresas sancionadas es porque incurrieron en falsedad de información y 8% por incumplimiento del contrato firmado.
El gobierno federal también presentó un registro de servidores públicos que intervienen en los procesos de contrataciones públicasmato de la declaración
