Por Valentina Pérez Botero
Raúl pudo volver a respirar tranquilo. Habían transcurrido cuatro años de pleitos legales para obtener la custodia de su hija y por fin tenía un documento que lo avalaba como responsable principal de la crianza. Después de la resolución pensó que sería adecuado hablar con su ex esposa: una comida sencilla, los tres, fuera de los tribunales. Su hija quiso ir al baño y a Raúl le pareció normal que, a los cinco años, fuera acompañada por la madre. Parason los minutos. El tiempo se extendió más de lo normal.
La respiración de Raúl se congestionó cuando cayó en la cuenta de que no regresarían. ¿Dónde habían ido?, ¿cuándo volverían?, ¿quién le ayudaría a recuperar a su hija?
En los últimos siete años (2008-2014) los casos de sustracción internacional como el de la hija de Raúl suman 2 mil 965; es decir 400 por año en promedio, de acuerdo con datos otorgados a EL UNIVERSAL por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la autoridad encargada de cumplir lo estipulado por el convenio mundial de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Estos casos incluyen tanto niños que han sido sacados ilegalmente de México, como los que son reclamados por alguno de sus padres desde otro país.
Actualmente la SRE tiene activos 587 procesos de menores en esta situación: 391 son niños mexicanos en otros países y 196 son menores retenidos en México (solicitados por otras naciones). La cifra de la SRE muestra, de acuerdo con las organizaciones especializadas en el fenómeno, la dimensión de un tema ignorado por las autoridades: el robo de los hijos por los propios padres.
"La busqué por todo el país"
Raúl califica como “un milagro” el haber recuperado a su hija. Después de agotar las instancias formales: citatorios, denuncia por desaparición de la menor, demandas; pasó a pagar detectives privados y dedicar su tiempo libre a seguir pistas, “la busqué por todo el país”, dice. Finalmente, lo que le negó la ley y los investigadores se lo dio la casualidad: un domingo en la mañana, en Puebla, vio a su ex mujer en un coche.
Habían pasado cinco años desde que ella se fugó con la menor de aquel restaurante una tarde de 1999. Ya en 2004, su pequeña había dejado de ser una niña, había dejado de llamarse como la habían bautizado y de vivir en México.
“La perseguí hasta alcanzarla”, dice Raúl, quien admite que después de tanto tiempo no iba a dejar escapar la única posibilidad de volver a ver a su hija. Su esposa había regresado a renovar el pasaporte de ambas para poder seguir viviendo en Francia, el lugar a donde se refugió, para estar lejos de su ex esposo y los juicios por la custodia de su niña.
Cuando los carros por fin se detuvieron, Raúl le hizo una propuesta clara a su ex esposa: conciliemos. Su mujer había sustraído a su pequeña, le había cambiado el nombre, la había sacado ilegalmente del país, adelantaba un juicio para quitarle el apellido paterno y las instancias de justicia no habían hecho nada para proteger el derecho de Raúl de convivir con su hija.
Él se había convertido en un asiduo visitante de los juzgados familiares y conocía de primera mano las historias de otros padres y madres en la misma situación, por lo que sabía que la salida definitiva no estaba en la resolución de la patria potestad: “ésas se violan todo el tiempo”, sino en un acuerdo real entre los padres. Él decidió apostarle al acuerdo de palabra con su ex esposa.
El top cinco
En casos como la sustracción internacional, México es firmante del convenio de la Haya Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, los reportes de la SRE revelan que 421 niños fueron víctimas de sustracción ilegal en 2014: 164 fueron retenidos en México (casos de niños reclamados por uno de sus progenitores desde otro país) y 257 fueron llevados al exterior.
Es decir, que mensualmente un promedio de 21 menores de edad es sacado ilegalmente de la nación por uno de sus padres y en cuatro de cada 10 casos de sustracción, uno de los padres no vuelve a saber nunca de su hijo, de acuerdo con la experiencia de Alejandro Heredia, fundador de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados (AMPFS).
El top 5 de naciones hacia donde los niños mexicanos son llevados ilegalmente lo encabeza Estados Unidos con 211 casos en 2014. Le siguen España con 10 niños sustraídos, Canadá con siete, Colombia con seis y Francia con tres.
México, puerta abierta
Sonia Gómez, directora de Conexión Familia —institución colombiana de asesoría jurídica que ha trabajado en varios casos de sustracción parental de familias colombo-mexicanas—, dice que “México es una puerta abierta para la sustracción internacional y la retención ilegal, porque no existe el doble permiso que sí lo exigen los otros países que firmaron la convención (de La Haya)”.
El doble permiso al que se refiere la doctora Gómez es una autorización en la que consta que ambos padres están de acuerdo con la salida del menor del país. En México este permiso no es solicitado de forma oficial. En términos de la legislación civil mexicana es suficiente que el menor de edad viaje acompañado por uno solo de sus padres para poder salir.
“La convención de La Haya estipula como buena práctica de prevención que exista control migratorio tanto de entrada como de salida del país”, continúa la abogada Gómez.
La situación se agudiza porque a la facilidad de la salida de menores del país, se suma que son los propios padres afectados quienes tienen que hacer la búsqueda de sus hijos.
“La autoridad no se toma en serio la restitución del niño con ambos progenitores”, dice Alejandro Heredia, director de AMPFS, quien trabaja desde hace 12 años en el tema. Y específicamente, en casos internacionales, sólo se interviene en el proceso de repatriación cuando el niño ya está ubicado. No hay búsqueda.
Por su parte Ignacio Naredo, Fundador de Papás por Siempre con 14 años de experiencia en el tema, sentencia: “Definitivamente no los buscan” y agrega que “la carga es de los padres y muchas veces caen en manos de charlatanes que les cobran de 30 a 50 mil pesos por la investigación preliminar”.
Raúl dice que desde hace 10 años puede ver a su hija en Puebla a través de un régimen de visitas acordado por su ex pareja y por él, pero el problema no termina. Él ha tenido que batallar con la profunda tristeza de su hija, con un ejército de sicólogos y después de siquiatras, quienes le diagnosticaron a la chica el trastorno límite de la personalidad —quizá por el cambio de nombre durante la sustracción—. Después lidió con un problema de drogas y ahora, cuando su hija ya tiene 20 años, con la sensación de que no puede definir qué quiere hacer con su vida.
El delito no se atiende
La sustracción es un problema grave y no está siendo atendido, coinciden varias organizaciones no gubernamentales como la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos (AMNRDAC), la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos (Fnrd), ¿Y quién habla por mí?, la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados, Papás por siempre y Mujeres nunca más otra injusticia.
Tanto víctimas como expertos coinciden en que el mayor problema de los casos de sustracción de menores radica en la ineficacia de los juzgados de familia, la poca seriedad en la búsqueda y, finalmente, en la pasividad para restituir a los menores con sus padres.
Además coinciden en que la sustracción parental equivale a entre 60 y 70% de los niños perdidos en el país y, pese a esto, es la menos atendida por las autoridades.
“Es un delito mucho más común de lo que las estadísticas quieren ver”, dice la antropóloga Edith Carrillo, quien hizo la investigación académica sobre sustracción familiar: Maternidades y paternidades en pugna. Progenitores en procesos de búsqueda y rescate de menores sustraídos en México.
Georgina Arias fundadora de la asociación civil morelense Mujeres nunca más otra injusticia, dice que este tipo de casos tienen una estructura común: empieza por el rapto de los menores, le sigue un juicio para determinar la patria potestad, contrademandas del padre que sustrae para conservar a los hijos, desgaste económico, emocional, amenazas, desatención por parte de las autoridades. “Todo está por arriba de los derechos de los niños”, concluye.
A esta problemática Ignacio Naredo, presidente de la asociación poblana Papás por siempre, la bautizó como “violencia institucional”, ya que su experiencia de 14 años le ha enseñado que los tribunales “sólo quitan el tiempo, el dinero y la salud”, y remata: “Son una tortura burocrática, económica y sentimental”.
Alejandro Heredia, de la AMPFS, dice que el desinterés de las autoridades en resolver estos casos ha vulnerado no sólo el derecho de ambos padres sobre sus hijos, sino que ha convertido a los menores en “huérfanos de padres vivos”, al privarlos de su derecho a convivir con ambos progenitores.
“Las autoridades siguen viendo la sustracción como un problema privado, familiar”, explica la antropóloga Edith Carrillo, quien hizo una tesis de maestría sobre sustracción familiar, al explicar que la inactividad de las autoridades se debe a que conciben el fenómeno como un problema interno de la familia y “dentro de sus prioridades institucionales no lo ven como un delito tan grave, lo dejan en un segundo nivel, no hay nada de investigación”.
La antropóloga Carrillo insiste en que la actitud de las autoridades frente a la sustracción parental es igual a la adoptada frente a la violencia intrafamiliar: minimizan la importancia, no investigan y permiten que se perpetúe.
La académica insiste en que se puede ver la sustracción parental como un caso más de este tipo de violencia. “La violencia intrafamiliar se sigue viendo como la agresión de uno a otro y no se toma en cuenta cuando se usan los niños como medio de esa agresión”, es decir “una forma de que la violencia permanezca es llevarse a los hijos”.
La sustracción parental parece tener una incidencia de género parecida a la violencia intrafamiliar, pues en promedio 70% de los casos los perpetúa el hombre o la familia del padre, ya que el sistema judicial casi siempre falla a favor de la madre y éstos, al verse marginados de la crianza de los hijos, incurren en delitos como la sustracción, dice Alejandro Heredia, presidente de la AMPFS. Para Georgina Arias, la culpabilidad se reparte entre madres y padres.
