Por Ariadna García, Suzzete Alcántara y Misael Zavala

Los partidos políticos se resisten a que todos los candidatos y candidatas hagan públicos, en tiempo de campaña, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y los exámenes de confiabilidad, que incluyen pruebas toxicológicas, pues argumentan que no son temas que la ley los obligue.

César Camacho Quiroz, presidente del PRI, comenta que no puede publicitar los datos de los exámenes de confianza porque la ley no lo permite, y que las declaraciones de patrimonio y de interés se hará “en el momento en que sea jurídicamente oportuno”.

“Antes de asumir el cargo para el que hayan sido electos, los candidatos y candidatas priístas habrán de hacer pública su declaración de intereses, para precaver de eventuales conflictos en el desempeño de sus funciones”, comentó el dirigente del PRI a un cuestionario enviado por EL UNIVERSAL.

Por otro lado, agregó Camacho, los candidatos que deseen hacer públicos los resultados de los exámenes deberán manifestar su consentimiento al PRI.

Hasta la fecha, informó, el partido ha realizado 106 pruebas de control de confianza. De éstas, 58 corresponden a mujeres y 48 a hombres, 22 a candidatos a diputados locales y jefes delegacionales del Distrito Federal y 84 a candidatos a diputados federales.

Aunque dijo que es convicción del PRI participar en la plataforma de currículas del INE, sólo 6.8% de sus candidatos lo ha hecho.

Gustavo Madero, líder del PAN, dijo que está dispuesto a publicar información, pero aclaró que en zonas de riesgo lo mejor es no dar a conocer lo que poseen sus candidatos.

“Estamos totalmente a favor de que todos presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. En estados particulares, donde hay altos índices de inseguridad, podría valorarse no hacerlo”, dijo Madero a un cuestionario de este diario.

Martí Batres, presidente de Morena, subrayó que no es obligatorio revelar los perfiles de sus candidatos a través de la plataforma del INE.

“No es obligatorio que lo subamos al INE, no está en la ley, además no hay plazos para dar a conocer la información”, declaró Batres.

Asimismo, comentó que analizarán subir al portal Los 300 de Morena las declaraciones de aquellos candidatos que accedan a presentar la información para que sea pública.

El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el INE, Pedro Vázquez, dijo que transparentar la declaración patrimonial de los candidatos, a través de una plataforma independiente, no es obligación por ley.

Hugo Eric Flores, presidente del Partido Encuentro Social (PES), dijo que es un deber de quien aspira a un cargo público transparentar los recursos con los que cuenta y “tenemos la certeza que este requisito se tiene que convertir en una obligación establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

—¿Podríamos esperar que sus abanderados hagan públicas sus declaraciones? —se le preguntó.

—No tenemos duda de ello —respondió el dirigente.

Iris Salomón, del Partido Humanista, declaró que “gran parte de la desconfianza ciudadana hacia la clase política se debe a la idea de que todos los políticos viven lujosamente y que este enriquecimiento es ilícito. Hacer pública la declaración patrimonial, fiscal y de intereses puede ayudar a prevenir el enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios y políticos. Así que sí creo que dichas declaraciones deben ser públicas”.

—¿Coincide con las voces que señalan que por seguridad las declaraciones no deben ser públicas? —se le cuestionó.

—No, creo que el que nada debe, nada teme. Si tu patrimonio es el fruto de tu esfuerzo, no tienes por qué ocultarlo —respondió Salomón.

El secretario de Organización y Acción Política de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, respondió que los perfiles de sus candidatos están siendo registrados en la plataforma Voto Informado, elaborada por la UNAM, pero sobre las declaraciones patrimoniales no hay ninguna manera obligar a los aspirantes a hacer pública dicha información.

A nombre del PRD, Carmen Vera dijo que las declaraciones patrimoniales están a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, pero “no se exhiben de manera directa en aras de salvaguardar su integridad física, económica y la de sus familias”.

La perredista agregó que las pruebas toxicológicas no son requisito en el PRD y “hacer pública la prueba toxicológica que está comprendida en los exámenes de confianza constituye un acto discriminatorio para aquellos que, por razones de salud, utilizan ciertos medicamentos frente a aquellos que no los necesitan”.

Esta semana EL UNIVERSAL ha documentado que seis de 122 candidatos a jefes delegacionales en el DF hicieron públicas, vía internet, sus declaraciones patrimoniales.

La ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jacqueline Peschard, criticó estas resistencias de los partidos a dar a conocer los currículums de sus candidatos.

“Si ellos, que son los candidatos que se están ofreciendo para ejercer un cargo de representación popular, no dicen quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, pues entonces no sé de quién vamos a saber, ¿no? La información es fundamental para emitir un voto razonado”, indicó.

Apoyó que los abanderados participen en el mecanismo de la UNAM, Voto Informado, en el que se aplica a los candidatos un cuestionario.

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