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Édgar caminaba con pasos apresurados entre puestos de juguetes de madera, figuras de la Santa Muerte y veladoras para el amor, la buena suerte y la sanación. Cada pocos segundos miraba el reloj. El tiempo era esencial. No sería la primera vez que este inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) veía cómo en un operativo contra la venta ilícita y tráfico de animales los comerciantes se “daban línea” y huían.
Aquella tarde de 2011, agentes de la Profepa, acompañados por la Policía Ministerial y efectivos de la PGR, habían rodeado el mercado de Sonora. Édgar iba de incógnito: vestía una gorra negra y un chaleco café claro con el escudo de un águila en la espalda. Sin embargo, un mercante se percató de lo que ocurría, sacó de sus peceras un par de cocodrilos pequeños y una iguana verde y los arrojó por la coladera.
Al comenzar los aseguramientos, cuenta Édgar (nombre ficticio por razones de seguridad), algunos locatarios lanzaron amenazas de muerte, otros escondieron las especies en los tapancos de sus negocios. Los que intentaron escapar vieron que las entradas y salidas del mercado habían sido bloqueadas por las autoridades. En cinco minutos los agentes aseguraron decenas de psitácidos (pericos, loros y cotorros) y reptiles de procedencia clandestina.
“El tráfico de animales no está en la agenda. No es prioridad para el Estado. A [Vicente] Fox le valió madre, a [Felipe] Calderón le gustaba el tema, pero no era prioritario, y al presidente [Enrique] Peña Nieto no le interesa. La Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la Profepa no tienen personal para ayudar en este tema”, se queja el servidor público mientras reflexiona sobre uno de los cientos de operativos en los que ha participado.
El tráfico de especies —que incluye compra y venta de flora y fauna silvestres— es, junto con el narcotráfico y la venta de armas, uno de los crímenes más lucrativos del mundo, según la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés). Con los animales no existe una cifra clara sobre las ganancias que genera, en parte porque, como explica el delegado de la Profepa en el Valle de Toluca, Carlos Silvestre Pozos, las transacciones varían de una a otra dependiendo del tipo de vendedor y comprador.
Pero los beneficios son, como en los otros dos negocios clandestinos, exorbitantes. Un borrego cimarrón cuesta en el mercado internacional unos cinco millones de pesos, el equivalente a casi tres kilogramos de metanfetamina de alta pureza en Estados Unidos. Un mono araña, que alcanza los 150 mil pesos en el mercado negro, tiene el mismo valor que diez AK-47, el rifle más vendido del mundo.
En México, que posee 10% de todas las especies registradas en el planeta, los aseguramientos de ejemplares ilegales pasaron en los últimos tres años (2012-2014) de 2 mil 758 a 481 mil 101, según un oficio de la PGR obtenido vía la Ley de Transparencia.
“Considerando que uno de los principales acervos de México es su riqueza biológica, cualquier actividad que la ponga en riesgo es importante. Para muchas especies amenazadas, raras o altamente vulnerables a cambios en su ambiente, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre puede ser un detonante para su desaparición”, explica Adrian Reutter, representante en México del programa de la organización de protección animal WWF.
Negocio sin fronteras
Édgar no sólo ha participado en operativos dentro de mercados o tianguis del Distrito Federal y del Estado de México, también lo ha hecho en terrenos boscosos, selváticos y marítimos en otros estados de la República. Cuando se le muestran los oficios obtenidos vía Transparencia, que indican que Yucatán es el estado con el mayor número de aseguramientos del país —seguido de Sonora y Quintana Roo—, no se muestra sorprendido: “Entre 2012 y 2013 se dio un boom o efervescencia sobre el pepino de mar, especialmente en la zona de la Ría Celestum, donde hubo un fuerte saqueo”.
“Lo sacan [el pepino] y lo cuantifican por kilo, porque es un animal que casi no pesa. Te dicen que fue media tonelada o 300 kilos, pero cuando cuentas manualmente salen muchos más”, prosigue el funcionario, quien asegura que esta práctica ha sido una constante por años.
Aunque la inmensa mayoría de los aseguramientos se dan en Yucatán —92%—, el tráfico de animales está extendido por el país, de norte a sur y de este a oeste, hasta el punto de que los datos obtenidos vía Transparencia revelan que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años (2007-2014), en 21 entidades, mientras que en el caso de la Profepa fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a nivel nacional, ambos oficios adquiridos por solicitud de información.
Guerrero es un abastecedor de aves y reptiles; Campeche de loros, monos y pepinos de mar; Baja California también nutre al mercado negro de estos últimos; Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los estados donde más pericos se capturan.
En Nuevo León, los expertos aseguran que el mayor problema de tráfico se concentra en el venado de cola blanca y el borrego cimarrón. El Distrito Federal y el Estado de México funcionan como un almacén en el que es posible encontrar casi cualquier animal.
En lista de especies aseguradas aparecen las tortugas, justo después de los pepinos de mar; les siguen las iguanas, peces, serpientes, pericos, jilgueros, cotorras, tarántulas, cocodrilos, 10 guacamayas y otras tantas liebres.
Loros, tucanes, halcones, águilas, monos, jaguares, venados, tigres, leones, un búho y un escorpión también fueron en algún momento mercancía para el tráfico de animales.
Y entre los más preciados fuera del país para los traficantes están el tucán pecho amarillo y los cérvidos (venados, ciervos, alces), que rebasan el medio millón (600 mil); las guacamayas, que se cotizan en 500 y 400 mil, dependiendo si es roja o verde, y el loro cabeza amarilla, que alcanza los 300 mil pesos.
Colusión de autoridades
El inspector Édgar saca su celular y muestra algunas de las fotos que tomó durante años cuando estaba en los operativos. El protagonista de una de las instantáneas es un tigre de bengala enjaulado en una azotea de menos de cinco metros cuadrados en el municipio de Chalco, Estado de México. El animal está consumido. Sus costillas se marcan en la piel.
El agente de la Profepa se sabe de memoria los casos más emblemáticos de su trabajo, como la venta de huevos de tortuga en costales como si fueran papas, en Juchitán, Oaxaca; halcones y águilas ofertadas los jueves atrás de la Presidencia Municipal de Chalco, entre otros casos de crueldad animal relacionada con brujería en el Distrito Federal y el Estado de México. Dice que la mayor parte de los aseguramientos se logran gracias a las denuncias ciudadanas, pero que a pesar de que la conciencia por los animales ha permeado en la sociedad, el tráfico no va a terminar mientras haya compradores.
Muchos de los operativos en los que ha participado han sido fallidos. “En muchas ocasiones las corporaciones están coludidas. No quiero pensar mal, pero cuando nuestro jefe no nos quitaba los celulares antes de los operativos, casualmente no encontrábamos nada. Tiene que ver con la corrupción interna, pero también la Profepa tiene miedo de colaborar con la policía porque hay fuga de información”, lamenta.
