Los cancilleres de 12 países de América condenaron ayer la “ruptura del orden democrático” en Venezuela y anticiparon que desconocerán cualquier medida que adopte la Asamblea Constituyente.
Reunidos en la capital peruana, los cancilleres y representantes emitieron una Declaración de 16 puntos en la que manifestaron un “enérgico rechazo a la violencia y a la violación de los derechos humanos”, pero dejaron abierta la opción de un diálogo “creíble y de buena fe”.
El grupo respaldó la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela, anunció que no apoyará ninguna candidatura de Caracas en foros internacionales, pidió cortar la entrega de armas al país, deploró la “crisis humanitaria” y expresó su respaldo a la destituida fiscal general Luisa Ortega.
Tras la lectura de la declaración, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, señaló que dos puntos sustanciales son el desconocimiento de la Constituyente y la decisión de sólo aceptar medidas autorizadas por la Asamblea Nacional.
El canciller peruano, Ricardo Luna, indicó que los 12 países, más los que se quieran sumar, quedan constituidos en un grupo de observación cuya próxima reunión se hará en septiembre, en el marco de la Asamblea de la ONU. Aclaró que la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Venezuela es una decisión de cada país.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que los países del grupo, y particularmente el suyo, rechazan “golpes de Estado, autogolpes o levantamientos militares”, pues las únicas salidas deben surgir de las vías democráticas y de la constitucionalidad.
En la reunión convocada por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, así como el vicecanciller de Canadá.
Horas antes, en Ginebra, un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe en el que señalan que las fuerzas de seguridad en Venezuela han empleado de forma desproporcionada y sistemática la violencia contra manifestantes durante protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Además, constataron detenciones arbitrarias, torturas y registros violentos de viviendas.
“Estos atropellos se produjeron en medio del colapso del Estado de derecho en Venezuela”, sentenció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien pidió al gobierno adoptar medidas tendientes a rebajar la escala de violencia.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 120 personas han muerto desde abril en las protestas. Un análisis de la ONU atribuye a las fuerzas de seguridad al menos 46 fallecimientos y otras 27 a grupos progubernamentales.
En tanto, el presidente Maduro pidió ayer a los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) convocar una cumbre para restituir el “diálogo latinoamericano” y se mostró partidario de invitar a México, Argentina, Colombia, Chile o Paraguay.
“Que se inicie un diálogo con México, Colombia, Argentina. No sé si Brasil porque allí no hay gobierno legítimo, Chile, Paraguay”, planteó el mandatario venezolano.