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El gobierno de Chicago demandó ayer en una corte federal al Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el argumento de que retener los fondos federales destinados a la ciudad para equipar a sus policías, pone a la población en riesgo y es un acto inconstitucional. Sin embargo, el fiscal general de EU, Jeff Sessions, advirtió que el procedimiento no servirá para que reciba los recursos hasta que deje de ser una ciudad santuario que protege a los inmigrantes.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel , dijo que la ciudad no se dejará “sobornar” por el Departamento de Justicia y Sessions, quien ha amenazado a las ciudades santuario con negarles un fondo federal llamado Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, dirigido a combatir la violencia armada.
Chicago no va a aceptar sobornos a cambio de renunciar a sus valores, dijo Emanuel y agregó: “Nosotros somos y vamos a seguir siendo una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes”.
El alcalde destacó que los fondos que quieren retener, una cantidad de 3.2 millones de dólares, están destinados a comprar vehículos, pistolas taser, radios y equipo para las unidades de tácticas especiales de la policía.
Apuntó que si no se rechaza la retención de los fondos, se corre el riesgo de que el gobierno federal intente más adelante congelar otros recursos destinados a Chicago.
En respuesta, Sessions dijo: “El dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”.
Acusó a Chicago de haber optado “con orgullo” por “obstruir el sistema legal de inmigración” a unos “niveles sin par” en otras instituciones y aseguró que sus autoridades locales “han mostrado hostilidad” a hacer cumplir leyes diseñadas a “reducir el crimen”.
El fiscal general invitó al alcalde de Chicago a llevar a cabo un “reordenamiento de la práctica de la ley” que “reduzca la cultura anárquica que ha sitiado la ciudad”.
“Es simple: cumplir con la ley o renunciar a los dólares de los contribuyentes”, concluyó Sessions.
La demanda de Chicago, la primera de este tipo, desafía el requisito de la administración Trump de que las ciudades detengan a los sospechosos de tener residencia ilegal para ser interrogados por las autoridades federales de inmigración. Otra reglas es que cada ciudad debe avisar 48 horas antes si va a liberar a un inmigrante ilegal.
Bajo la ordenanza de ciudad santuario, la policía de Chicago no coopera ni avisa a los agentes federales del arresto de alguien a menos que exista una orden federal. Nueva York, Nueva Orleans, Las Vegas, Filadelfia y Milwaukee, también son santuario.
En Illinois, donde está Chicago, hay una ley ya aprobada por el legislativo estatal llamada “Trust Act“, que convierte al estado en santuario, pero el gobernador republicano Bruce Rauner aún no la ha firmado.
