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El gobierno venezolano acalló ayer la voz crítica de Luisa Ortega Díaz, al removerla del cargo de fiscal general, mediante decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y poner en su lugar a Tarek William Saab, un chavista fiel que estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo. Hecho que causó el repudio internacional y que la oposición califica de un “secuestro total” de las instituciones”.
La ANC, integrada únicamente por oficialistas, aprobó la polémica medida durante su primer día de trabajo, tras recibir una comunicación del Tribunal Supremo donde se indicaba que Ortega Díaz había sido suspendida “para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea, solicitó que sea declarada la emergencia en el Ministerio Público, “de tal manera que Tarek William Saab pueda llegar a la Fiscalía tomando decisiones para la reestructuración del Poder Ciudadano”.
Sobre Ortega Díaz se mantendrán otras acciones jurídicas como la congelación de sus cuentas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la prohibición de salida del país.
Tras la decisión, la abogada de 59 años emitió un comunicado firmado como “Fiscal General de la República” en el que remarcaba que no reconoce las decisiones del Supremo, por estar compuesto por magistrados “ilegítimos” que ella impugnó por supuestas irregularidades en sus nombramientos.
“Hoy denuncio que el TSJ y la ilegal ANC presidencial, pasando por encima de la Constitución y las leyes, decidieron removerme de mi cargo de Fiscal General de la República para que no siga defendiendo los derechos del pueblo”, acusó Ortega Díaz.
Advirtió al gobierno que serán “los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como tal asumirán ante la historia las consecuencia de esta destrucción de la democracia venezolana”.
Tarek William Saab consideró que su designación estuvo apegada a la legalidad y fue hecha “para restituir un orden jurídico severamente infringido”. Denunció que el Ministerio Público se convirtió “en una industria de imputar a mansalva” a los más pobres durante la gestión de Ortega y dijo que revisará las últimas acciones de la Fiscalía.
El presidente Nicolás Maduro comparó la destitución de Ortega Díaz con la de la fiscal estadounidense Sally Yates, ordenada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó que Ortega Díaz está en juicio “porque en procesos públicos, constitucionales, mintió y se comprobó la mentira”.
Julio Borges, presidente del Parlamento, en representación de la oposición denunció tras la remoción de la fiscal general que “lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un sólo partido político”.
México, Estados Unidos, Colombia y Chile reaccionaron rápidamente para criticar la destitución de la fiscal, quien no pudo entrar a su despacho, ahora custodiado por decenas de militares.
El gobierno de México indicó en un comunicado que “la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República deploran y condenan la destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz decidida en la primera sesión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”.
Consideró que el despliegue de fuerza “muestra una vez más la intolerancia que existe contra instituciones del Estado que han demostrado en los hechos conducirse con autonomía.
“México reitera su apoyo y solidaridad a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del Ministerio Público de Venezuela”, expresó México.
