La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó ayer la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se celebró el domingo por ser una “ambición dictatorial” del chavismo gobernante desde 1999 y del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Confirmó además que durante el proceso murieron 10 personas, lo que elevó a 121 las víctimas fatales tras cuatro meses de protestas.
“Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial”, dijo la fiscal, convertida en los últimos meses en una de las voces más críticas contra el gobierno. “Esto es una burla al pueblo y a su soberanía”, agregó.
Ortega dijo estar “absolutamente segura” de que la cifra de 8 millones 89 mil 320 venezolanos participaron en los comicios, que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es real y, en cambio, responde a una “viciada elección” hecha “para el beneficio del gobierno, para mantenerse en el poder”.
Auguró que una vez conformada la ANC habrá “un poder absoluto en manos de una minoría (...) que acabará definitivamente con el derecho del sufragio; no hay más elecciones, perpetuidad en el poder de ese grupito, no va a haber separación de poderes”.
Recordó que Venezuela llega a este escenario en medio de “la más cruenta crisis que hayamos padecido” caracterizada por “un indetenible proceso de devaluación de la moneda, una gigantesca deuda externa y la destrucción del aparato productivo nacional”.
La fiscal informó que en la jornada del domingo fallecieron 10 personas. Indicó que 25% fueron víctimas de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y 40% de grupos de civiles armados. “En los últimos cuatro meses tenemos un saldo lamentable de 121 fallecidos y mil 958 lesionados, de todo tipo, graves, gravísimos. Es lamentable este saldo, por capricho de alguien. Venezuela no se merece esto”, dijo.
Frente a las expresas intenciones del gobierno de sacarla de la Fiscalía mediante decisión de la ANC, Ortega Díaz dijo que no abandonará su cargo y que se apegará al artículo 333 de la Constitución, que obliga a la ciudadanía a “colaborar en el restablecimiento” del ordenamiento jurídico.
En tanto, la mayoría opositora del Parlamento venezolano aseguró que seguirá sesionando normalmente, pese a la elección de la Asamblea Constituyente, que se instalará el miércoles en el Palacio Legislativo.
“Estamos aquí no porque nos hayan dado un regalo, sino porque representamos el voto que jamás en la historia venezolana ha tenido un Parlamento (...) y eso tiene que hacerse valer”, aseguró en rueda de prensa el opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.