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Los oficialistas la tildan de “traidora” y hasta de “loca”. Sus seguidores destacan su coraje y firmeza. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una veterana chavista que pasó de inquisidora de opositores a ser el principal dedo acusador contra el presidente Nicolás Maduro.
La ruptura de esta abogada de izquierda de 59 años, quien apoyó al ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) desde su campaña presidencial y lo calificó de “el más grande humanista” de este siglo, comenzó el pasado 30 de marzo, cuando denunció como “ruptura del orden constitucional” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TS) de asumir las atribuciones del Parlamento. La decisión fue revocada poco después pero la batalla entre Ortega —fiscal desde 2007— y el gobierno apenas comenzaba.
Para Ortega, el gobierno de Nicolás Maduro, el madurismo, se ha distanciado de los preceptos del chavismo. El 24 de mayo, la fiscal responsabilizó a la Guardia Nacional por la muerte de un joven durante las protestas contra el gobierno. El 8 de junio presentó un recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro por considerar que este mecanismo amenaza la Constitución vigente desde 1999. El TSJ lo rechazó cuatro días después.
Eso no detuvo a Ortega, quien el mismo 12 de junio impugnó los nombramientos de 33 magistrados. Ocho días después, el TSJ admitía la solicitud presentada por el oficialismo de un “antejuicio de mérito” que podría desembocar en su destitución. Ortega dice que es ilegal.
Su futuro quedará decidido en unos días, pero ella insiste en que aun si es destituida, no se dejará intimidar. “Es una persona con mucho temple. Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores”, asegura su esposo desde hace 18 años, el diputado chavista Germán Ferrer.
