La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, llamó ayer al Parlamento a luchar por la democracia, en un inédito discurso pronunciado ante la mayoría opositora del legislativo, mientras hoy el Supremo inicia el proceso para destituirla. En tanto, la oposición anunció que impulsará un referéndum para que el 16 de julio los ciudadanos expresen su apoyo o rechazo a la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
“Luchemos por la democracia. No importa que piensen distinto a nosotros, debemos condenar la violencia venga de donde venga”, dijo la fiscal en su breve intervención.
Ortega, quien se autoproclama chavista, se convirtió en los últimos tres meses en la más acérrima crítica de Maduro y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que acusa de romper el orden constitucional mediante sentencias que redujeron los poderes del Legislativo.
La fiscal, que solo había acudido al Congreso para presentar su informe de gestión en 2016, ingresó en medio de aplausos de opositores y ante la presencia de su esposo, Germán Ferrer, el único parlamentario chavista que estuvo presente en la sesión.
En el debate, el bloque opositor ratificó la designación del vicefiscal Rafael González, una decisión que había sido invalidada por el TSJ.
“El pueblo de Venezuela los eligió a ustedes (...) Creo que esta Asamblea está legitimada”, sostuvo Ortega, quien indicó que “la oscuridad no dura para siempre” y “de nosotros depende que la cordura y la unión sean las que se impongan” frente a la “anarquía”.
Ortega enfrenta hoy un procedimiento en el Tribunal Supremo de Justicia, con el que el gobierno busca lograr su eventual destitución. En la audiencia se escucharán los argumentos de la fiscal y del diputado oficialista Pedro Carreño, quien impulsó la acción, acusando a Ortega de haber cometido faltas “graves” en su cargo.
Los abogados defensores de Ortega recusaron ayer a 17 de los 32 magistrados de la Sala Plena del Supremo por “irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito” contra la fiscal. Remarcaron que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia que dará inicio al proceso de enjuiciamiento hoy.
El antejuicio de mérito contra la fiscal fue solicitado por Carreño para determinar si puede ser sometida a juicio y destituida por supuesta violación de la Constitución. Afirmó que ella mintió al negar que había firmado un acta sobre la designación en diciembre de 2015 de un grupo de magistrados del TSJ, designado por la entonces mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
La fiscal ya ha sido objeto de una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias. Continuando el choque entre poderes, el contralor general, Manuel Galindo, informó que inicio una serie de fiscalizaciones de las cuentas bancarias de la Ortega Díaz desde 2008.
Mientras que la oposición anunció que impulsará un referéndum para que el 16 de julio los ciudadanos se manifiesten sobre la Constituyente, a menos de un mes para la votación en la que se escogerá a los redactores de la nueva Carta Magna.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que buscará que el próximo 16 de julio se lleve a cabo esta consulta de “proceso democrático de retomar la Constitución”, con el fin de que el pueblo elija “el futuro del país”.
“Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres”, anunció el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.
En un acto acompañado por los principales dirigentes opositores, Borges dijo que solicitará al Parlamento que ponga en marcha el “proceso de consulta” y apeló para ello al artículo 71 de la Constitución, que faculta al Legislativo para convocar a un referéndum sobre “materias de especial trascendencia nacional”.
El opositor se amparó también en el artículo 350, que enuncia el derecho del pueblo a desconocer cualquier “régimen” que “contraríe” los principios y garantías democráticas.