Pese a las protestas que en cuatro meses han dejado al menos 114 muertos, la amenaza de sanciones estadounidenses y la presión internacional, el gobierno de Nicolás Maduro se la juega hoy con la elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que la oposición considera ilegal y con la que pretende redactar una nueva Constitución y, en palabras del mandatario, “poner fin” a la crisis del país. El oficialismo auguró una participación “masiva”.
La víspera del sufragio estuvo marcada por algunas protestas, pero también por compras de pánico. “Estoy gastando los ahorros... cambiarlos para poder comprar y almacenar en la casa por si pasa algo, por si de verdad nos llegan a bloquear como prevemos”, dijo Néstor Escalante, un diseñador gráfico de 50 años. En algunas avenidas del este de Caracas, manifestantes mantenían los bloqueos. Para hoy, la oposición convocó a una movilización masiva y a bloqueos, insistiendo en que se trata de medidas pacíficas.
El gobierno prohibió cualquier manifestación o acto que desestabilice la jornada, en la que serán elegidos los 545 asambleístas que redactarán la nueva Constitución. Las autoridades amenazaron con hasta 10 años de cárcel a quienes obstaculicen la votación, una medida que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denuncia que así se está “impidiendo el ejercicio a la libertad de expresión y de reunión”.
La oposición rechazó participar en la elección, que tacha de ilegal porque no hubo de por medio una consulta al pueblo venezolano respecto a si quiere que la Carta Magna sea modificada.
La autoridad electoral, con apoyo de las Fuerzas Armadas, activó 99% de los centros, según el informe que presentó ayer Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña chavista y candidato a la ANC, que auguró una participación masiva. “Mañana [domingo] va a haber un mensaje muy contundente de que nuestro pueblo quiere democracia, paz y diálogo”, dijo en una rueda de prensa. La instalación no ha transcurrido sin incidentes: en el municipio de Queniquea (oeste), vecinos quemaron papeletas, cajas y otros objetos de material electoral.
Maduro convocó el 1 de mayo la ANC para cambiar la Constitución que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, asegurando que es el único camino para poner fin a la ingobernabilidad. La oposición dice que el verdadero objetivo de la Constituyente —rechazada por 72% de los venezolanos, según la encuestadora Datanálisis— es crear un superpoder que elimine de facto a la Asamblea Nacional, (Parlamento), hoy controlada por la disidencia.
En un intento por boicotear el proceso, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizó el 16 de julio un simulacro de consulta en el que 7.5 millones de venezolanos rechazaron la reforma a la Constitución. A raíz de esa votación algunos países, entre ellos Estados Unidos, exhortaron a Maduro a suspender la ANC. El vicepresidente estadounidense Mike Pence ratificó el viernes que Washington aplicará fuertes sanciones económicas a Venezuela si se impone la Constituyente.
La oposición ha instado a la comunidad internacional a no reconocerla. Países como Colombia y Panamá dijeron que no la reconocerán. La MUD admite que se vienen tiempos complicados. “Va a ser un momento duro, responsablemente tenemos que decirlo, tenemos que prepararnos, pero ese momento duro, de conflictividad, que no lo buscamos nosotros, sólo va a acelerar la salida del gobierno”, dijo ayer el diputado opositor Freddy Guevara.
Por su parte, Maduro advirtió que una comisión de la ANC investigará y sancionará a los culpables de la violencia política de los últimos meses. “La Comisión... establecerá la verdad. Habrá justicia e irán presos los responsables de todos los crímenes que se han cometido”, dijo.