El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó ayer a los que llamó gobiernos “súbditos” de sus homólogos de Colombia y México, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto, por sumarse a Estados Unidos y pedir que detenga la elección para una Asamblea Constituyente prevista para el domingo.
Por la tarde, la tensión se elevó más cuando el Departamento de Estado de EU ordenó la salida de los familiares del personal de la embajada de Venezuela y autorizó la partida —voluntaria— de los empleados del gobierno que así lo quieran. “La situación política y la seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente”, indicó el ente en un comunicado. Para quienes se quedan allí, el Departamento que dirige Rex Tillerson ha ordenado una restricción de movimiento y de horas para hacerlo.
En el último día del paro cívico convocado por la oposición, Maduro aseguró, en el acto masivo con el que cerró la campaña para la Constituyente, que Santos y Peña Nieto habrían obedecido las órdenes del mandatario estadounidense, Donald Trump. “Su majestad el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente y sus súbditos, el vasallo Juan Manuel Santos de rodillas, ha dado la orden de que Venezuela suspenda la Constituyente”, fustigó.
“Y desde México, el gobierno más entreguista y asesino que ha tenido México, el de Peña Nieto, haciendo reverencias al emperador Trump, le ha dado la orden a Venezuela de que suspendamos la Constituyente”, insistió.
“¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump: en Venezuela manda el pueblo de Venezuela”, gritó desde la tribuna el mandatario, sin dejar de pronunciar el nombre de Trump a la manera española. Luego, gritó en inglés: “Mister Trump, go home”.
La administración de Trump sancionó el miércoles a 13 altos funcionarios venezolanos, a los que congeló los bienes, cuentas bancarias que posean en territorio estadounidense y les negó la visa, aunque los afectados negaron tener bienes o cuentas en EU. Washington acusa a los sancionados de violar los derechos humanos y ser cómplices en la convocatoria de la elección Constituyente, que tacha de inconstitucional.
“¡Y el domingo 30 de julio la Constituyente sí va!”, recalcó Maduro, aludiendo a los comicios en los que serán elegidos los 545 integrantes de la asamblea que estará encargada de reformar la Carta Magna y refundar los poderes públicos. La oposición se negó a participar en la elección por considerarla ilegal, ya que no se hizo antes un referéndum consultivo al pueblo.
Maduro propuso ayer a los opositores iniciar un diálogo antes de las votaciones, aunque ratificó que su proyecto no tiene reversa. “Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional (...) y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo... A la oposición le conviene aceptar esta propuesta”, dijo ante miles de simpatizantes en la avenida Bolívar (centro de Caracas).
Añadió que si sus adversarios no aceptan, les propondrá a los constituyentes que convoquen, “de manera obligatoria, un diálogo nacional de paz con una ley constitucional”.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha llamado a un “boicot” contra las elecciones de la Constituyente. La huelga nacional de 48 horas que convocó la oposición y que concluyó ayer se saldó con cinco muertos. Según el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento, controlado por la oposición), Freddy Guevara, el paro fue un “éxito”, pues fue acatado en 90% en las 23 regiones del país, aunque lamentó la cifra de víctimas.
La oposición calificó de “brutal” la represión de la Guardia Nacional (policía militarizada) y la Policía Nacional contra las manifestaciones.
Para este viernes, la oposición convocó a una masiva movilización en Caracas, pese a que el ministro del Interior Néstor Reverol anunció que a partir de hoy se prohíben las manifestaciones o cualquier acción que pueda “perturbar” el proceso para las elecciones de la ANC.
Reverol advirtió que “quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a 10 años”. Sin embargo, Guevara aseguró que “este pueblo no se va a dejar esclavizar”.