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El Departamento de Justicia intensificó ayer sus medidas contra las llamadas ciudades santuario, al informar que ya no les proporcionará las deseadas subvenciones a menos que le den a las autoridades federales de inmigración acceso a las cárceles y les avisen cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
Bajo las viejas reglas, las ciudades que deseaban recibir subvenciones sólo debían mostrar que no obstaculizaban la comunicación entre las agencias locales del orden público y las autoridades de inmigración en relación al estatus migratorio de alguien detenido por ellos.
El presidente Donald Trump había prometido eliminar los subsidios federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con los esfuerzos de Washing-
ton por detener y deportar a quienes viven en el país sin autorización, pero jueces han bloqueado las órdenes ejecutivas en ese sentido.
“Las llamadas políticas santuario nos hacen más inseguros a todos porque, de forma intencional, debilitan nuestras leyes y protegen a inmigrantes ilegales que han cometido crímenes”, afirmó en un comunicado el fiscal general Jeff Sessions, cuyo futuro está en duda tras las críticas por parte del mismo Trump.
“Estas políticas también alientan la inmigración ilegal e incluso el tráfico de seres humanos al perpetuar la mentira de que en ciertas ciudades los extranjeros ilegales pueden vivir al margen de la ley... Debemos motivar a estas jurisdicciones ‘santuario’ para que cambien sus políticas y se asocien con las agencias federales del orden público con el fin de expulsar del país a criminales”, agregó.
Los nuevos requisitos son aplicables a uno de los programas de subvenciones más populares del Departamento de Justicia, que ofrece dinero a la policía para que compre todo tipo de equipo, desde chalecos antibalas hasta cámaras corporales. El requisito se aplicará a las ciudades que busquen subsidios a partir de septiembre.
