El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer que analiza llevar a las autoridades venezolanas ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, por la represión cruenta de la oposición en el país. En tanto, el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, nombró a 33 magistrados de la máxima corte del país, una maniobra que desafía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que advirtió a los nuevos jueces que serían encarcelados por “usurpación de funciones”.
En un acto del Centro Latinoamericano del Atlantic Council sobre las acciones internacionales ante la crisis humanitaria y política de Venezuela, Almagro defendió esta posibilidad ante la cifra de al menos 100 muertos y 15 mil heridos desde el comienzo de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
“Hoy vamos a dar un paso institucional importante para seguir analizando si los crímenes que ha cometido el régimen [de Maduro], especialmente tortura, son tipificables conforme al estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional”, aseguró.
Almagro explicó que está analizando si se pueden tipificar “de una manera adecuada, coherente y sustentable desde un punto de vista jurídico las violaciones de derechos humanos en Venezuela”, y si éstas constituyen un crimen de lesa humanidad y por lo tanto pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. “Casos como la tortura son claramente delitos contra la humanidad y por lo tanto serían susceptibles [de ser juzgados]”, añadió.
El secretario general de la OEA dijo que la reacción internacional y de la institución que encabeza han sido tardías porque podría no haberse llegado a la situación de crisis humanitaria, política y social en la que Venezuela está envuelta. Lamentó que la votación para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela no saliera adelante porque “algunos países votan de acuerdo a sus intereses y no a sus principios”.
Mientras tanto, la mayoría opositora del Parlamento venezolano designó ayer a un tribunal supremo paralelo al que está actualmente en funciones, al cual acusa de servir al gobierno, como parte de una escalada para presionar a Maduro a dar marcha atrás con su Asamblea Constituyente. En una sesión celebrada en una plaza pública del este de Caracas, el presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El TSJ advirtió que los parlamentarios deben ser encarcelados por este acto “nulo” y de “ánimo subversivo”. Reiteró que la cámara está en desacato y todas sus decisiones carecen de validez, por lo que la designación de jueces tipifica una “usurpación de funciones” y “traición a la patria”.
El actual tribunal fue designado a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Parlamento, días antes de que la oposición tomará el control, por lo que ellos no reconocen a esos jueces debido a supuestas irregularidades en su nombramiento.
El gobierno activó el Plan República que permitirá el resguardo de material electoral y de los centros de votación que serán usados en la elección de la Constituyente del 30 de julio. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que fueron desplegados 232 mil soldados en 14 mil 515 centros de votación.
Tambien ayer, los líderes del Mercado Común del Sur (Mercosur) enviaron una nota al gobierno de Venezuela para abrir una instancia de diálogo.
“Hemos enviado una nota hoy, los cuatro países del Mercosur [Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay], instando a Venezuela a mantener un diálogo con nosotros en los términos del Protocolo de Ushuaia, con la expectativa de que éste sea en un plazo particularmente breve”, anunció el canciller argentino, Jorge Faurie.
Explicó que el texto fue remitido al gobierno de Maduro en virtud del Protocolo de Ushuaia, firmado por el Mercosur en 1998 y que incluye la denominada cláusula democrática, instrumento que “obliga a que los países miembros hagan un proceso de consulta”.
El Mercosur descartó sanciones comerciales que agraven aún más la situación económica y social. No obstante, en caso de que Maduro insista en su intención de reformar la constitución el bloque podría expulsar a Venezuela.