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Lo primero que sorprende al entrar al Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, uno de los más importantes del sistema de salud de la capital venezolana, es que hay poca gente. El silencio domina la sala de recepción, donde menos de 10 personas están a la espera de ser atendidas. Están inmersos en sus problemas y no desean compartirlos.
En el cuarto piso, en el área de terapia intensiva, las cosas son diferentes. Las enfermeras organizan una fiesta de cumpleaños para los niños internados en el área. Pese a las malas condiciones, los pequeños están entusiasmados por el festejo que incluye un grupo musical, algún juguete y un pastel, cortesía de voluntarios.
Durante algunos minutos todo son risas. Los menores se olvidan de la enfermedad y los tratamientos; sus padres y doctores, de la falta de medicamentos y equipo que tiene este hospital, al igual que el resto de la red sanitaria de Venezuela, carencias que también se reflejan en la infraestructura vieja y descuidada.
El sistema de salud en Venezuela padece desde hace años un fuerte desabasto de insumos y medicamentos necesarios para el ejercicio médico. En un recorrido —durante el cual no se permitió el acceso de cámaras— EL UNIVERSAL constató que una de las mayores quejas de médicos y pacientes es la falta de medicinas.
En Venezuela la atención médica está conformada por un sector público y otro privado. El primero está constituido por el Ministerio Popular para la Salud (MS) y diversas instituciones de seguridad social, dentro de las que está el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS); el MS es financiado con recursos del gobierno central, estados y municipios, mientras el IVSS se financia con cotizaciones de los trabajadores. En teoría, ofrece servicio gratuito que actualmente ya no es tal porque las clínicas y hospitales, al no contar con insumos, dejan en los pacientes la responsabilidad de comprar equipo para su atención y medicinas.
La alternativa son las clínicas y hospitales del sector privado donde, en teoría, cuentan con la infraestructura, pero en la realidad las condiciones son las mismas ya que la mayoría de los equipos y medicamentos deben ser importados o adquiridos en dólares, lo que es un problema dadas las restricciones económicas impuestas por el gobierno que bloquean la salida de divisas.
En estas circunstancias trabaja el doctor Antonio Serrano, cirujano general y mastólogo del Hospital General Miguel Pérez Carreño y del Hospital Ana Francisca Pérez de León, ambos del sector público. Él relata en entrevista que hace 10 años el paciente acudía al hospital, era atendido de forma gratuita, se le brindaba atención completa y era mínimo lo que tenía que comprar de medicinas para terminar su tratamiento.
Ahora, el paciente sigue recibiendo atención, pero debe comprar todo, desde un bisturí hasta la solución médica.
De acuerdo con el doctor Serrano, el origen del actual problema de la salud pública es la corrupción y la ineficiencia general de las autoridades. Explica que, a pesar de que los hospitales tienen sus propios recursos, no cuentan con la asignación de divisas (que controla el Estado), lo que genera un gran problema porque tienen que importar casi todo, ya que Venezuela no tiene laboratorios que produzcan medicamentos o insumos.
Es por eso que cuando un hospital recibe una donación, por pequeña que sea, se agradece profundamente, así sean toallas húmedas o alimento infantil. Son artículos que servirán para ayudar a alguien.
El problema de la escasez ha sido reconocido por el propio gobierno, que acusa al sector privado farmacéutico de ser parte de una “guerra económica”. En marzo pasado, durante la visita que realizó al país la subsecretaria general de Naciones Unidas (ONU), Jessica Faieta, el presidente Nicolás Maduro solicitó la ayuda del organismo internacional para regularizar el tema de los medicamentos.
La falta de insumos ha provocado que los pacientes que normalmente pasan ingresados dos días tengan que estar hasta dos semanas porque no hay los tratamientos adecuados. Serrano explica que los médicos deben ir “sorteando”, cambiando antibióticos y analgésicos, cuando la persona está internada; luego, el enfermo tendrá que salir “a patear la calle para ver si consigue las medicinas”.
En algunas farmacias sólo cuentan con los medicamentos más básicos, como analgésicos; en otras sí hay abasto, pero en ese caso lo difícil es pagarlos: una caja de pastillas anticonceptivas que dura un mes, por ejemplo, puede alcanzar un precio de entre 80 mil y 85 mil bolívares (1 bolívar equivale a 1.85 pesos mexicanos), lo que equivale a 90% de un salario mínimo, el cual está en 97 mil 531 bolívares (sin contar el bono de alimentación de 153 bolívares que reciben los trabajadores). Así, tratamientos para enfermedades como el cáncer resultan imposibles de conseguir y, por tanto, impagables.
Los venezolanos buscan opciones para adquirir los insumos médicos y las opciones más socorridas son el mercado negro o el trueque de medicinas que se manejan a través de internet o las redes sociales. Ante este escenario, el Ministerio Popular para la Salud ha emitido alertas sobre la compra de medicamentos de dudosa procedencia ya que no hay ninguna garantía sobre su calidad, además de ser muy costosos.
La última opción es esperar que alguna fundación les ayude a conseguir tratamientos para enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión o diabetes, que son los padecimientos más graves.
Protestas no han funcionado
Los médicos han protagonizado varias protestas para exigir que se levanten las restricciones y puedan importar insumos, pero las autoridades han hecho caso omiso. Es por eso que el gremio ha optado por pedir a pacientes y familiares que sean ellos quienes acudan a las instancias superiores. De acuerdo con Serrano, los ciudadanos pueden tener más influencia, ya que el gobierno considera que cuando un médico se queja es una actividad política, pero cuando es el enfermo el que reclama, la cosa puede ser diferente.
Ante este escenario, el doctor Serrano considera que la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el gobierno de Maduro no es una solución al problema de salud, ya que hace falta voluntad real para hacer un cambio. “Estamos, como dicen, casi en el fondo. Esto no parece una solución, pues la idea es que debería haber más acción y no soluciones burocráticas”, reclama.
