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La crisis política en Brasil afectó ayer particularmente a dos de las grandes figuras políticas del país: al presidente Michel Temer y al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quienes parecen estar cada vez más comprometidos por acusaciones de corrupción.
La policía brasileña detuvo ayer a un ex colaborador cercano de Temer, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures, acusado de haber recibido un soborno del gigante cárnico JBS. La fiscalía lo señala como responsable de haber recibido en marzo una valija con 500 mil reales (unos 150 mil dólares) que, según habrían contado ejecutivos de JBS a la justicia, provendrían del pago de coimas.
Según la investigación que lleva adelante fiscalía, el dinero cobrado por Rocha Loures formaba parte de un acuerdo entre el empresario Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, y el propio Temer. La detención de Rocha Loures golpea muy de cerca al mandatario. Respecto a una potencial delación de su ex asesor, en el caso de que fuese apresado, Temer había dicho el viernes: “Dudo que me denuncie”. Sin embargo, la captura encendió las alarmas en el Ejecutivo.
En cuanto a Lula, su situación con la justicia se agravó ayer, tras la difusión de algunos fragmentos de un documento por parte de la fiscalía, en el que se pide la condena “en régimen cerrado” del ex presidente, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Según algunos medios, el “régimen cerrado” alude a prisión.
El pedido de la fiscalía está ligado a una de las seis denuncias que involucran a Lula ante la justicia. El ex mandatario se mostró combativo. “Me enteré de que el Ministerio Público [fiscalía] pidió mi prisión, no sé por qué. En cualquier lugar del mundo, para ser condenado, incluso imputado, tiene que haber pruebas. Aquí en Brasil, si no hay pruebas te detienen igual, porque ya nadie las necesita”, ironizó . Lula, quien presidió Brasil entre 2003 y 2010 ha anunciado que quiere volver a ser candidato presidencial en 2018, pero podría verse inhabilitado si es condenado por el caso Lava Jato.
