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Cuando las fuerzas policiales nicaragüenses salen a las calles a reprimir a las organizaciones políticas y civiles opuestas a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, utilizan máscaras antigas con filtro, artificios triples lacrimógenos y de luz, cartuchos antimotines y protectores donados o vendidos en 2016 por el gobierno de España.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, que es uno de los más importantes clientes latinoamericanos de la industria militar de Rusia y de la presencia castrense de Moscú en la región, pagó el año pasado cerca de 1 millón 655 mil dólares a proveedores españoles por la compra de lo que, según un informe del Ministerio de Economía, Industrias y Competitividad de España de 2016, son materiales antidisturbios, ya que las 24 máscaras antigas fueron donadas.
El informe, del que EL UNIVERSAL tiene copia, confirmó que el usuario final de las exportaciones realizadas es la Policía Nacional de Nicaragua y mostró que otros clientes latinoamericanos de España para proveerles material policial y de seguridad son Perú y Bolivia.
En la lista de compradores latinoamericanos de “material de defensa” producido en España también están México, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay. Ecuador fue el principal cliente del año anterior de España, con adquisiciones por unos 71.3 millones de dólares, oferta que incluyó revólveres, pistolas automáticas, rifles, carabinas, subametralladoras, rifles de asalto, ametralladoras ligeras y pesadas, lanzagranadas, armas portátiles antiaéreas y anticarro, sistemas de lanzamiento de misiles y cohetes portátiles, sistemas de lanzamiento de misiles antiaéreos portátiles, morteros, aeronaves y repuestos.
Pero la relación de España con América Latina y el Caribe para el suministro de equipos militares y policiales sólo exhibe una parte de un fenómeno: la consolidación del resurgimiento de la carrera armamentista en los países latinoamericanos y caribeños.
Cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), con sede en Suecia y catalogado como el más certero centro mundial de monitoreo de presupuestos castrenses, mostraron que el gasto militar total de México, Cuba, Venezuela, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, República Dominicana, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago, pasó de 54 mil 804 millones de dólares en 2005 a 66 mil 770 millones de dólares en 2015. Costa Rica y Panamá carecen de ejército.
Estimulada ahora por el combate al crimen organizado, una carrera armamentista resurge con fuerza en la zona con proveedores del más variado signo político: Estados Unidos, Rusia, China, Taiwán, España, Chile, Holanda, Canadá, Japón, Israel, Gran Bretaña, Corea del Sur, Italia y Francia pero también como México, Brasil, Colombia, Venezuela o Chile en la misma región.
Dictaduras y guerrillas. En un proceso con un intenso flujo de dinero que se aceleró en la segunda mitad del siglo XX, la carrera fue alimentada principalmente por Estados Unidos, con apoyo de Israel, España, Corea del Sur o Taiwán, entre otros proveedores, con el alegato de sostener a las dictaduras militares derechistas que, con un voluminoso historial de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, combatieron a las guerrillas comunistas, apoyadas por Cuba y lo que entonces eran la Unión Soviética y el campo socialista de Europa del Este.
Aunque los enemigos son distintos y del comunismo del pasado se transitó al crimen organizado del presente, el escenario, sin embargo, mantiene una profunda deuda social. Un informe de 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una instancia del sistema de la Organización de Naciones Unidas, mostró que con unos 623 millones de habitantes, hay unos 175 millones en distintos rangos de pobreza y un aumento de unos 7 millones en 2015.
“Los países siguen sin entender que es preferible comprar tractores, libros, violines y medicinas que fusiles, ametralladoras, cañones y tanques”, dijo la costarricense Lina Barrantes, directora ejecutiva de la no estatal Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, de esta ciudad. Al recordar que Costa Rica eliminó el ejército en 1948, convirtió los cuarteles en museos y centros culturales y desde la segunda mitad del siglo pasado priorizó los gastos en desarrollo social, educación, salud e infraestructura. Barrantes sentenció en entrevista con este diario: “La inequidad social jamás se combatirá con ningún tipo de armamento. Nunca”.
